El Congreso de Guatemala integró este jueves una comisión pesquisidora que analizará si se retira o no la inmunidad al presidente Otto Pérez, acusado de integrar una red de defraudación tributaria.

El presidente del Congreso, Luis Rabbé, comentó que los cinco diputados que integran esa comisión fueron seleccionados mediante un sorteo realizado en el pleno del Congreso durante una sesión ordinaria.

Rabbé precisó que los diputados que integran la comisión son los oficialistas Gloria Sánchez y Mario Linares, quien la preside, y los opositores Jorge Barrios, Sergio Celiz y Nineth Montenegro.

Ahora, dicha Comisión tiene hasta 60 días para analizar el expediente y presentar un informe en el que recomendará si es conveniente o no retirar la inmunidad al mandatario.

Miles exigen salida de Pérez

Al grito de ¡renuncia ya!, miles de personas, encabezadas por universitarios, marcharon este jueves en la capital de Guatemala para exigir la salida de Pérez.

"Otto, la cárcel te espera", "La corrupción nos está quitando la vida", "Otto ladrón", señalaban algunas de las pancartas que portaban los manifestantes durante la marcha que salió de la sede central de la estatal Universidad de San Carlos (USAC), en la periferia sur de la capital.

El presidente Pérez fue involucrado el pasado viernes con una red delictiva conocida como "La Línea", que cobraba sobornos a empresarios para eludir el pago de impuestos aduaneros.

El fraude fue revelado el 16 de abril por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU.

Según la Fiscalía, Pérez es uno de los líderes de la banda de defraudación aduanera junto a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció al cargo y se encuentra en prisión preventiva en un cuartel militar de la capital, desde donde será trasladada a una cárcel ordinaria para mujeres.

Al clamor de la calle en favor de la renuncia de Pérez se sumaron en las últimas horas la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas. Antes, la cúpula empresarial había pedido la dimisión del presidente.

Mientras las marchas transcurrían en la capital, otros grupos de manifestantes optaron por bloquear al menos 10 carreteras en el oeste y norte del país.

A las protestas se sumaron varias empresas que, con la consigna de "paro nacional" contra la corrupción, optaron por cerrar sus negocios, incluidas las transnacionales de comida rápida McDonalds y Dominos.

Procuraduría y Contraloría recomiendan renuncia

Con tono enérgico y negando su participación en la estafa al fisco, Pérez aseguró el domingo en un mensaje a la población que no renunciará al cargo y que "dará la cara" para enfrentar a la justicia, aunque lleva cinco días sin aparecer en público.

"Les afirmo que no renunciaré y que con toda entereza enfrentaré y me sujetaré a los procesos que en ley correspondan", afirmó Pérez en una grabación transmitida por algunas estaciones de radio y canales de televisión.

Ante la postura del presidente, la Procuraduría General, entidad que actúa como representante legal del Estado, recomendó el miércoles a Pérez que renuncie para evitar así que el país entre en un período de inestabilidad política por el descontento popular.

La PGN "recomienda al señor presidente constitucional de la República de Guatemala presentar su renuncia al cargo con el fin de evitar la ingobernabilidad que traiga como consecuencia la inestabilidad de la Nación", señaló en un comunicado la institución.

A la petición se adhirió la Contraloría General de Cuentas de Guatemala, ente fiscalizador del gasto público, al señalar que "en aras de mantener la paz social" y evitar "consecuencias insospechables", el presidente debe renunciar al cargo.

Con su ex vicepresidenta en prisión preventiva, como parte de la investigación por el fraude, Pérez se encuentra en una encrucijada legal luego de que la Corte Suprema de Justicia aceptó iniciar, a solicitud de la Fiscalía y la CICIG, el trámite parlamentario para quitarle la inmunidad al mandatario (lo que en Guatemala se llama antejuicio) y así poder ser sometido a la justicia. El trámite en el Congreso comenzó este jueves. (I)