Los diputados franceses comienzan este jueves 7 de junio, a debatir dos polémicas proposiciones legislativas a iniciativa de la mayoría del presidente, Emmanuel Macron, para luchar contra las noticias falsas propagadas en internet durante las campañas electorales.

Se trata de dos leyes -una orgánica, para los comicios presidenciales, y otra ordinaria, para el resto de elecciones nacionales y europeas- que responden a la experiencia de Macron al ser elegido en mayo de 2017, al término de una campaña en la que se sintió atacado con rumores atribuidos a medios rusos.

"La actualidad electoral reciente ha demostrado la existencia de campañas masivas de difusión de falsas informaciones destinadas a modificar la marcha normal del proceso electoral con servicios de comunicación en línea", señala la ponente en la exposición de motivos.

A pesar de que el movimiento "macronista" La República En Marcha goza de una amplia mayoría parlamentaria, se espera un debate intenso en la Asamblea Nacional, ya que los grandes grupos de la oposición han presentado mociones para la retirada del texto.

El dispositivo cubre un periodo que va desde los tres meses antes del primer día de votación hasta la fecha del escrutinio, y prevé para los infractores penas de hasta un año de prisión y 75.000 euros de multa, así como la suspensión de la difusión de los programas o secuencias publicitarias que fueran declaradas culpables.

Uno de los aspectos más controvertidos ha sido la definición de noticia falsa, que después de haber sido modificada a instancias del Consejo de Estado, ha quedado como "cualquier alegación o imputación de un hecho desprovista de elementos verificables que la hagan verosímil".

Con este proyecto, plataformas digitales como Facebook o YouTube tendrán que ser más transparentes durante el periodo electoral, hasta el punto de que deberán identificar ante los usuarios qué personas o empresas están pagando contenidos de información relativos a "un debate de interés general", así como el monto de las remuneraciones.

Cuando se tengan sospechas de que algunas de esas informaciones son falsas, se podrá recurrir a un juez para que en solo 48 horas pueda ordenar el cese de esa difusión si estima que puede comprometer "la sinceridad de la votación".

Además, el Consejo Superior del Audiovisual (CSA) podrá intervenir cuando el origen de las maniobras de desinformación esté en una entidad "controlada por un Estado extranjero o bajo la influencia de ese Estado".

Una disposición formulada claramente pensando en la cadena rusa "RT", a la que Macron acusó de haber propagado informaciones falsas durante la campaña de las presidenciales de 2017.

Las redes sociales tendrán también que poner en marcha un sistema que permita a sus usuarios señalar falsas informaciones. (I)