El Congreso argentino aprobó la madrugada de este jueves una ley para cambiar la sede de Nueva York a Buenos Aires, París o donde prefieran sus acreedores para el pago de bonos de su deuda, que busca evitar el bloqueo judicial de fondos en Estados Unidos.

La iniciativa, sancionada por el Senado la semana pasada, fue aprobada en una sesión de más de 17 horas por 134 votos a favor, 99 en contra y 5 abstenciones.

Con esta ley, Argentina quiere evitar que se le impida honrar su deuda reestructurada antes de que se cumpla un nuevo vencimiento el próximo 30 de septiembre, que alcanza a unos $200 millones.

El país sudamericano había quedado entre la espada y la pared cuando el juez de Nueva York Thomas Griesa bloqueó un pago de la deuda por $539 millones y el país fue considerado por agencias calificadoras en default selectivo desde el 30 de julio pasado.

El juez dictaminó que Argentina debía abonar 100% de los $1.330 millones reclamados por los fondos especulativos que iniciaron un litigio, a los que Buenos Aires denomina buitres porque compraron la deuda en default a precios irrisorios, en forma conjunta al resto de sus acreedores.

Si el país acatara el fallo, una cláusula de la reestructuración de la deuda llamada RUFO (sigla en inglés) le obligaría a equiparar los pagos con los demás acreedores que aceptaron quitas de hasta 70% de los adeudos, lo que totalizaría $120.000 millones, cuando las reservas monetarias del país son inferiores a los $ 30.000 millones.

La maratónica sesión especial en la cámara baja se inició después del mediodía del miércoles y tras fuertes cruces entre los diputados de la oposición y el oficialismo el proyecto se convirtió en ley en una votación a las 05:40 locales.

Con abucheos a los diputados de oposición, decenas de militantes de un movimiento juvenil del kirchnerismo (oficialistas) asistieron al debate desde las gradas del Congreso, donde varias veces tuvieron que ser advertidos para mantener la calma durante el debate.

El gobierno hizo pesar su mayoría legislativa para aprobar la norma mientras la oposición rechazó la iniciativa, argumentando que la ley no soluciona el problema de fondo generado por el fallo judicial de Griesa.

"Se logró la mayoría absoluta y ratifica una clara posición: los que votan a favor están en defensa de la soberanía del país y los que votan en contra, de acuerdo con lo que proponen los fondos buitres", dijo este jueves en su cotidiana rueda de prensa el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, poco después de la votación.