El presidente del Instituto paraguayo de Previsión Social (IPS), Armando Rodríguez, aseguró el lunes 1 de abril de 2019 que el jefe del Estado, Mario Abdo Benítez, reconoció una deuda "histórica de 40 años" con el ente por un valor de 420 millones de dólares, que serán pagados con intereses a partir del segundo semestre.

Tras una rueda de prensa en la sede gubernamental de Asunción, posterior a una reunión con Abdo Benítez, Rodríguez explicó que ahora debe ser el Congreso el que reconozca la deuda, para lo que presentarán un proyecto de ley en mayo de este año, que deberá ser tratado por ambas cámaras.

Si resulta aprobado, el Estado deberá pagar al IPS unos 420 millones de dólares, según estimó el presidente del ente, y la satisfacción de la deuda se llevará a cabo mediante la "emisión de bonos" que tendrán "un rendimiento", con una tasa de interés que aún debe ser negociada entre el Ministerio de Hacienda y el IPS.

"Ese interés se pagaría anualmente", puntualizó Rodríguez, y tanto esa rentabilidad, como el monto total de la deuda, una vez cobrada, serán destinados al "fondo de reserva de las jubilaciones".

A parte, el Estado deberá pagar los intereses por los años en que no satisfizo la deuda, y que serán cobrados "de forma líquida", una vez sea sancionado el proyecto de ley, que estimó se producirá "en el segundo semestre" del año.

En ese momento también deberá emitir los bonos, que se convertirán en "activos" dentro del patrimonio del IPS, en referencia a los rendimientos que generarán.

No obstante, recordó que el pago a través de bonos es la solución que recoge el borrador del proyecto de ley que preparan, pero que tras pasar el filtro parlamentario podría verse modificado.

La deuda responde, según Rodríguez, a que el Estado lleva cuatro décadas sin "honrar" el porcentaje del 1,5 % del capital del IPS destinado a las pensiones, que debe pagar anualmente, según establece la legislación.

El resto del dinero que conforma el "fondo de reserva" de las jubilaciones es aportado por trabajadores y empresarios que cotizan al sistema, que apenas alcanza un 34 % de la masa laboral del país, según informó el pasado noviembre el Ministerio de Trabajo, que detalló que la informalidad laboral alcanzaba entonces el 66 %. (I)