Los padres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en septiembre pasado advirtieron que no permitirán el cierre de las investigaciones sobre el destino de sus hijos, en reacción a la conclusión de la fiscalía que indica por primera vez que fueron asesinados e incinerados.

"Los padres de familia repudiamos la forma en cómo el procurador (general, Jesús Murillo Karam) pretende cerrar de manera descarada" la investigación, dijo en conferencia de prensa el vocero de los familiares de los estudiantes, Felipe de la Cruz.

"No vamos a permitir que concluya o cierren las investigaciones que dieron a conocer (en la fiscalía federal y basada) con la sola declaración de los asesinos" confesos, reiteró De la Cruz en presencia de activistas y varios de los desesperados padres, que el lunes encabezaron la última de varias marchas en la Ciudad de México.

Los padres de familia van "a mantener esta lucha hasta (...) que no se nos demuestre de manera científica" qué sucedió después de que los jóvenes desparecieron el 26 de septiembre tras ser baleados en Iguala (Guerrero, sur) por policías municipales y sicarios, reiteró De la Cruz.

Más temprano, Murillo Karam dijo en conferencia de prensa que tras más de cuatro meses, finalmente cuenta con la "certeza legal" de que los jóvenes fueron asesinados e incinerados y sus restos arrojados en un río por sicarios del narcotráfico, pese a que sólo uno de ellos ha sido identificado mediante pruebas de ADN en un laboratorio de Austria.

Murillo Karam calificó esa conclusión como una "verdad histórica", basada en  declaraciones de casi un centenar de detenidos y más de 400 peritajes.

"No se puede cerrar la investigación porque al día de hoy sólo hay certeza científica de que uno de los restos (encontrados en la zona donde desaparecieron) corresponden a un estudiante. Pero no hay prueba científica ni certeza de (el destino de los otros) 42 compañeros", dijo a su vez el abogado de los padres de familia, Vidulfo Rosales, de la organización Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña.

El abogado considera que el gobierno federal de México (que el 7 de junio tendrá elecciones intermedias) actúa con "prisa", con "intencionalidad política".

Rosales advirtió que Murillo Karam no mencionó el probable delito por "desaparición forzada" en el que habrían incurrido policías municipales y funcionarios locales detenidos.

Según la investigación de la fiscalía, adelantada en partes en conferencias previas, tras el ataque los policías detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que supuestamente los ejecutó al confundirlos con integrantes de un cartel rival.

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