Las fallas en la investigación oficial del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (sur de México), denunciadas por forenses argentinos, destrozan la "verdad histórica" de la Procuraduría (Fiscalía) sobre una masacre e incineramiento, aseguraron los padres de las víctimas.

"Para nosotros queda claro que la verdad histórica cae a pedazos por parte del gobierno federal. No nos equivocamos cuando decíamos que no confiábamos en la teoría del gobierno", dijo el lunes en una conferencia de prensa Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos.

Los padres de los jóvenes ofrecieron esta rueda de prensa luego de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que coadyuva en la investigación, publicó un informe de seis puntos en el que señala inconsistencias y fallas en las pesquisas, que obligan a mantener abierta la investigación.

La Procuraduría que había dicho que los jóvenes fueron masacrados y posteriormente sus cuerpos incinerados, acusó por su parte a los peritos independientes de "pretender sembrar la duda" en la investigación que, según la procuraduría, basa sus conclusiones en 487 peritajes y declaraciones de más de 30 del casi centenar de detenidos.

Las autoridades "creen más en las declaraciones de los asesinos que en las evidencias científicas", indicó de la Cruz.

Un nutrido grupo de familiares de los 43 estudiantes posó frente a la prensa con las fotos de sus hijos, en las que sobresalía, en letras rojas, la vieja consigna de tiempos de la guerra sucia (de la década de 1960 y 1970) de "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", y que han usado como lema principal de sus movilizaciones.

Los padres mostraron también 11 tomos de los 80 que comprenden el expediente, que esperan se haga público.

El grupo de forenses argentinos no actúa "mediante su propia ideología, (las críticas) las han sustentado en el documento", dijo de su lado David Flores, estudiante de Ayotzinapa, una escuela de maestros rurales radicales a la que asistían los jóvenes desaparecidos.

Los familiares ofrecieron todo su respaldo al grupo de argentinos y declararon responsable al gobierno mexicano de su seguridad.

Los 43 jóvenes desaparecieron en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero (sur).

Según la Procuraduría, policías corruptos locales los entregaron a sicarios del cártel narcotraficante Guerrero Unidos, que les habrían asesinado e incinerado sus cuerpos en un remoto basurero del municipio de Cocula, vecino de Iguala, para luego arrojar sus restos calcinados en un río cercano.

Un prestigioso laboratorio de Austria identificó a través de pruebas de ADN los restos de uno sólo de los jóvenes alegando que, debido al elevado estado de calcinación, no le ha sido posible determinar la identidad de los demás restos de cuerpos recibidos.