El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, perdió su inmunidad y será investigado por un fraude millonario en las aduanas, luego que el Congreso aprobara por mayoría retirarle los fueros y someterlo a la justicia ordinaria.

El Congreso estudió la recomendación de una comisión parlamentaria de levantar los fueros al mandatario, para lo cual se requería una mayoría especial de dos tercios de los votos de los diputados (105 en 158). En la sesión plenaria del martes se obtuvo el voto favorable de los 132 diputados presentes.

Se trata de la primera vez en la historia de Guatemala que el Congreso le retira la inmunidad a un presidente electo por voto popular para que la justicia lo investigue.

El anuncio fue recibido con el estallido de petardos y gritos de júbilo de cientos de guatemaltecos que aguardaban la decisión afuera de la sede del Parlamento, mientras automovilistas celebraban haciendo sonar las bocinas de sus vehículos.

Horas después, el Ministerio Público (Fiscalía) anunció que solicitó arraigo contra Pérez Molina, el cual fue otorgado por un juez, por lo que se le prohíbe salir del país.

“Habiendo solicitado ya el arraigo el Presidente no puede salir del país”.

— MP de Guatemala (@MPguatemala) septiembre 2, 2015

Fiscal General indica "luego de retirar la inmunidad, el Presidente será sometido a los tribunales del país, como un ciudadano ordinario".

— MP de Guatemala (@MPguatemala) septiembre 2, 2015

Pérez, un general retirado de 64 años que llegó al poder en 2012, es acusado de liderar una red denominada La Línea que cobraba sobornos a empresarios para la evasión de impuestos en el sistema nacional de aduanas.

El mandatario fue involucrado en el caso por la Fiscalía y la Comisión Internacional  de la ONU contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que solicitaron el 21 de agosto a la Corte Suprema de Justicia autorizar un proceso para quitarle la inmunidad ante indicios de su participación en el esquema.

Su conexión con la estafa es una conversación telefónica en la que ordena cambios de personal en las aduanas, algo que se interpreta como una injerencia para facilitar la operación ilícita.

El caso, destapado inicialmente por la Fiscalía y la Cicig en abril pasado, precipitó en aquel momento la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien fue detenida en forma prisión preventiva por su presunto papel en el caso.

Miles de personas exigieron la renuncia de Pérez en manifestaciones callejeras que se sucedieron en los últimos meses. Instituciones como la Contraloría General de Cuentas o la Procuraduría General de la Nación también habían reclamado su dimisión.

Pero el mandatario reiteró el lunes en una conferencia de prensa que no renunciará al cargo, al tiempo que afirmó que "no recibí ningún centavo" de estructuras fraudulentas.

"Me siento completamente tranquilo", aseveró Pérez.

Guatemala celebrará elecciones el próximo 6 de septiembre y, pese a que Pérez ha dicho que no renunciará, la incógnita radica en si llegará al 14 de enero -día del cambio de gobierno- para entregar la banda presidencial a quien resulte electo.

Es que la ley guatemalteca estipula que el presidente debe cesar en el cargo si un juez ordena su prisión preventiva.

Además de ese caso, hay otros escándalos de corrupción revelados bajo la gestión de Pérez. Entre ellos figura la sobrefacturación en la compra de medicamentos por parte del Seguro Social, que implicó el arresto en mayo de jerarcas de esa institución y del Banco de Guatemala.

Asimismo, como resultado de otra investigación de la Fiscalía y la Cicig, en julio fue detenido Gustavo Martínez, yerno de Pérez y exsecretario general de la Presidencia del actual gobierno, por cargos de tráfico de influencias para favorecer a una empresa de energía. 

El General de la Paz

El gobernante ascendió a la jefatura de Estado con un alto nivel de confianza y como el primer militar en gobernar el país desde el restablecimiento democrático de 1985. Para muchos era un antídoto a la corrupción rampante en las administraciones civiles.

Es conocido como el General de la Paz, apelativo que repetía con orgullo por haber firmado en 1996 a nombre del Ejército los acuerdos que pusieron fin a la guerra de 36 años.

En el pasado, ya había sido acusado de violaciones a los derechos humanos pero Pérez se escudó en que todo ocurrió en el marco de la guerra y se retiró del ejército en 2000.

En 2003 fue elegido diputado y en 2007 fue candidato a la presidencia, siendo derrotado en segunda vuelta por Alvaro Colom.

Antes de llegar al Congreso, dirigía las marchas contra el expresidente Alfonso Portillo, a la postre condenado en Estados Unidos por lavado de dinero obtenido de la corrupción.

Portillo concluyó su mandato en 2004. Pérez también pretende llegar hasta el final del suyo, en enero de 2016. (I)