El gobierno argentino de Mauricio Macri aplicó un nuevo “tarifazo” de 24% promedio en el servicio del gas, con picos de 36% en el área metropolitana de Buenos Aires, que regirá desde este sábado. Se trata de un nuevo golpe al bolsillo de la  clase media y en especial a los sectores más empobrecidos, en medio de quejas cada vez más recurrentes sobre la imposibilidad de afrontar esta escalada de aumentos.

El nuevo cuadro tarifario será el primer incremento de este año, al que seguirá otro el 1 de octubre y el tercero el 1 de abril de 2018, anunció el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Pero no son los primeros. Ya en 2016 hubo aumentos de 400% promedio después de un intento de alzar las tarifas hasta más de 1.000% en algunas zonas de la Patagonia austral, donde la temperatura llega a más de 20 grados bajo cero en el invierno y las tuberías corren el riesgo de congelarse.

El gobierno asegura que los precios no reflejan aún el costo del servicio, después de una década de fuertes subsidios oficiales que, según el consenso de analistas, impidieron inversiones en el sector del gas y la electricidad. Incluso, en los últimos años se profundizaron los apagones en los meses de verano.

“Continuaremos con la reducción de subsidios, que permita disminuir la brecha entre costos y precios/tarifas y concientizando a la población sobre el impacto del ahorro energético en el cuidado del poder adquisitivo familiar y ambiental”, dijo el ministro Aranguren.

Habitantes hacen compras grupales para afrontar gastos

El anuncio de un nuevo “tarifazo” cayó como un balde de agua helada en los argentinos que componen el tercio de la población que vive en la pobreza, según recientes estadísticas oficiales.  

Brian Savala tiene 20 años y comparte una vivienda con cinco familias en el barrio Balvanera, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Los habitantes de la casa se organizan para afrontar juntos los gastos comunes.

“La gente dice que no puede pagar los servicios. En mi casa lo vivo. Somos cinco familias. Pasamos de pagar 800 pesos  ($ 50) de luz y la última factura fue de 3.500 ($ 218). El agua aumentó mucho. De 600 ($ 37,5) a 2.800 ($ 175). Eso fue lo que más se sintió”, dice Savala a EL TELÉGRAFO.

El joven vive en una casa que le facilitó, y también otros trabajadores en situación de precariedad social, el Frente Popular Darío Santillán, un movimiento de base que aglutina sectores pauperizados de la sociedad a través de cooperativas y la organización de merenderos y comedores comunitarios.

“Nos cuesta llegar a fin de mes. No llegamos con el salario. Nosotros cobramos en la cooperativa (donde realizan trabajos en cuadrillas obreras o emprendimientos productivos) 6.700 pesos mensuales ($ 418), afirma.

Asegura: “siempre tenemos que hacer una changa (trabajo complementario) para remarla (salir adelante). Se calcula que una familia tipo medio necesita 14.000 pesos mensuales ($ 875) para no caer en la pobreza.

Brian también es el encargado de organizar los pagos de los servicios básicos en el comedor del Frente Popular Darío Santillán ubicado en el barrio porteño Constitución, donde concurren a diario unas 600 familias de escasos recursos. “En el comedor pagábamos 1.200 pesos de luz ($ 75) y pasó a 3.500 ($ 218)”, comenta.

Brian agrega que con el gas se dio una situación paradójica. “La factura de gas pasó de 50 a 500 pesos (de $ 3 a $ 31) de golpe. Fue un aumento muy grande, pero como hubo un freno al tarifazo en la justicia en los últimos meses nos descontaron lo que pagamos de más y el impacto no se sintió. Ahora hay que ver la factura que nos llegará con el nuevo tarifazo”, enfatiza.

El nuevo incremento en el gas se realizó después de las audiencias públicas a la que la justicia obligó a convocar al gobierno, como prevé la ley. El ejecutivo, para aplacar las protestas, mantuvo tarifas diferenciales en la región patagónica y en otros puntos del territorio que contaban con un nivel de subsidio mayor al del resto del país.

Además fijó nuevos umbrales de consumo en regiones de la populosa provincia de Buenos Aires y en el noroeste que afrontan temperaturas más frías y que permitirán consumir más gas sin saltarse de categoría y evitar así aumentos mayores.

Pero las quejas igualmente se extienden. “No llego (a fin de mes), simplemente no llego”, se queja amargamente David Méndez, trabajador  metalúrgico de la zona sur del Gran Buenos Aires.

“Yo entiendo que antes pagábamos muy poco por los subsidios (a los servicios esenciales), pero esto no se aguanta. El gobierno tiene que entender que el pueblo no puede más. No hay trabajo, todo aumenta y la plata no alcanza”, concluye. (I)