Organizaciones sociales paraguayas denunciaron ayer el avance en las negociaciones del gobierno paraguayo con la multinacional canadiense Río Tinto Alcay, acusada de intentar apropiarse del agua y la energía producida por la hidroeléctrica Itaipú.

El planteamiento de las entidades populares, encabezadas por la agrupación Decidamos, se registró poco después de que el gobierno de Federico Franco, surgido tras la destitución del mandatario constitucional, Fernando Lugo, anunciara una nueva ronda de tratativas con la transnacional. 

Río Tinto Alcay, con el apoyo público de Franco, pretende la instalación en territorio paraguayo de una enorme planta de fabricación de aluminio, condicionada al subsidio por parte del Ejecutivo de la electricidad necesaria, equivalente al 50 por ciento del consumo del país.

El gobierno pretende vincular ese suministro eléctrico, así como el importante abastecimiento de agua para el funcionamiento de la planta, a un plan de reducción de energía vendida a Brasil por la binacional Usina como parte de un tratado firmado con el gigante vecino.