Las organizaciones argentinas de Derechos Humanos presentaron ante el Parlamento un pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia que en mayo votaron a favor del beneficio del 2x1 para acortar las condenas de los responsables de delitos de lesa humanidad.

Entre los firmantes están las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, HIJOS y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

“Venimos a solicitar el inicio de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Elena Highton de Nolasco, Horacio Daniel Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz, en virtud de que -desde nuestro punto de vista- estos magistrados han incurrido en la causal de mal desempeño en sus funciones”, señala la presentación que realizaron las entidades.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, explicó que se elevó el pedido contra los magistrados que votaron para favorecer a los represores “ante la pasividad del Estado” y porque el gobierno del presidente Mauricio Macri “no castiga esas decisiones nefastas”.

Sobre los tres jueces en cuestión  -Highton de Nolasco, Rosatti y Rosenkrantz-, ya pesan otros pedidos similares de juicio político en el Congreso, entre ellos el del colectivo nacional Mario Bosch, una red de abogados que atienden causas de crímenes de lesa humanidad. Tanto ese grupo como los organismos que hicieron la presentación ante el Parlamento esperan un nuevo fallo de la Corte que ponga fin a la vigencia del 2x1, una medida que cosechó el repudio masivo del conjunto de la sociedad argentina.

La Corte Suprema, por mayoría constituida por los tres jueces en cuestión, declaró el 3 de mayo aplicable el cómputo del 2x1 (Ley 24.390) para los condenados a prisión por delitos de lesa humanidad. La norma en cuestión -que reduce a la mitad el cálculo de prisión- estuvo vigente en Argentina entre 1994 y 2001, pero fue derogada. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y José Luis Maqueda votaron en disidencia. Ambos argumentaron que esa reducción de pena no es aplicable a delitos de lesa humanidad.

La sentencia que abrió paso al 2x1 para los represores fue dictada en el caso de Luis Muiña, quien el 29 de diciembre de 2011 fue sentenciado con Reinaldo Benito Bignone e Hipólito Rafael Mariani por delitos de lesa humanidad a la pena de 13 años de prisión, condena confirmada por la Cámara de Casación.

Miles de personas salieron a las calles para exigir que no se aplique el fallo de la Corte a favor de los genocidas. Tras ese repudio masivo, el Congreso aprobó la Ley Aclaratoria 27.262, que establece que el beneficio del 2x1 no es aplicable a los casos de lesa humanidad. Luego de la sanción de esa ley, la Corte inició una ronda de consultas ante el pedido de 13 represores que solicitaron la aplicación del privilegio del 2x1.

Las consultas incluyeron a los querellantes, defensores y la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, quien el 14 de julio dictaminó la inaplicabilidad del beneficio. (I)