El hombre que durante años se movió como una “oveja” en el ambiente político y judicial colombiano, finalmente se transformó en el actual “inquisidor de los colombianos”. Ese personaje es el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, quien hoy tiene contra las cuerdas a los movimientos sociales y progresistas y que valiéndose de su religiosidad persigue a líderes sociales, líderes sindicales, políticos de izquierda y a las mujeres.

El último zarpazo del llamado “Torquemada” (en alusión al inquisidor español Tomás de Torquemada del siglo XV) fue destituir al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, un exguerrillero y hombre de ideas progresistas, acción que hoy tiene en franca ebullición a todos los sectores sociales del país.

La decisión de Ordñez, de sacar a Petro del segundo cargo de mayor importancia en Colombia por un supuesto mal manejo del servicio de recolección de basuras en Bogotá, es la última acción del inquisidor para continuar con su papel de eliminar toda huella que atente contra sus creencias religiosas.

Pero más allá de este hecho, hace varios meses las decisiones de Ordóñez han seguido una línea de conducta política de extrema derecha, muy cercana a lo que hoy defiende el expresidente Álvaro Uribe, amigo cercano del procurador.

“Sin duda detrás de las decisiones de Alejandro Ordóñez, está la mano del expresidente Uribe, expresa a diario EL TELÉGRAFO el analista Gerardo Rojas.

“Son como dos gotas de aceite en sus ideas, en sus creencias, en su forma de concebir la política y la forma de vivir. Creen que la sociedad les pertenece por obra y gracia del espíritu santo, que son los enviados a la tierra para reformar y cambiar las ideas de una sociedad pecadora y pagana. Por eso sus actuaciones están disfrazadas por la apariencia de decisiones jurídicas, ellos saben muy bien que son totalmente ideológicas, personales y políticas”, menciona Rojas.

El papel de oveja le sirvió a Ordóñez para realizar una campaña mediática para hacerse nombrar por el Congreso en 2008 como procurador general de la Nación para el período 2009-2013 y luego reelegirse para 2013-2017. Fue tanto su poder de convencimiento con los políticos, que incluso al presidente Juan Manuel Santos lo convenció para que respaldara su nombre y de tener el voto favorable hasta del alcalde Gustavo Petro cuando él ocupaba un lugar en el Senado.

Como hoy dicen los medios, “el procurador general regente es un poderoso funcionario al que no le tiembla la mano para sancionar cualquier desvío de la ortodoxia en la política y la sociedad”.

Abogado y católico de ideología ultraconservadora se ha convertido en un azote de los políticos, pero además se ha caracterizado por decisiones de corte ideológico en asuntos como el aborto y los matrimonios entre parejas del mismo sexo o contra políticos de izquierdas, como la exsenadora Piedad Córdoba, destituida por supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Otra de las razones que hoy tiene fastidiados a los colombianos con el procurador, es que está interfiriendo en las negociaciones de paz con las FARC. Incluso, Ordóñez ya estuvo en La Haya donde se entrevistó con la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, a quien pidió que el tribunal intervenga si en el proceso de paz con las FARC se acuerdan mecanismos de justicia que conduzcan a la “impunidad”.

Ordóñez ha dicho que los guerrilleros que han cometido delitos de lesa humanidad condenados o procesados por cortes internacionales no pueden participar en elecciones democráticas, así como tampoco pueden aspirar a cargos públicos las personas que en cualquier momento de su vida hayan sido privadas por medio de sentencia judicial de la libertad.

También el funcionario indicó que no se pueden desarrollar elecciones donde el grupo insurgente no deje las armas y que los guerrilleros deben ser investigados por sus crímenes y no pueden pagar penas simbólicas o no pagar pena alguna, ya que la Justicia Transicional señala que los delitos de lesa humanidad tienen que ser investigados y en caso de que el recusado sea considerado culpable debe pagar una pena moderada de prisión.

Reforma constitucional
“La destitución de Petro puede ser el punto de quiebre para que el Congreso entre a modificar el papel de la Procuraduría y le corte las alas, o por el contrario que el mismo procurador se convierta en fiscal, vigilante, supervisor y ejecutor de toda una sociedad diversa, que quiere un país abierto, liberal, más democrático”, expresa a EL TELÉGRAFO el politólogo Asdrúbal Galindo.

Sin embargo, Galindo considera que los colombianos, la mayoría, que hoy son más liberales no deben dejar de pasar la oportunidad para hacer que el Congreso revise la Constitución y de una vez impulsar un proyecto de ley que meta en cintura el papel del procurador.

“No hay duda, este es el momento indicado, hay que frenar de alguna manera los abusos del procurador, y eso solo se puede hacer por vía legal, en el escenario del Congreso de la República”, asegura el analista.

Mientras esta percepción del procurador se radicaliza en el ambiente político y social de Colombia, ayer el abogado Juan Carlos Ortiz, quien representa al alcalde Petro, estableció una acción judicial de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, para pedirle a los magistrados que revisen el fallo del procurador tras considerar que en el mismo se incurrió en varias irregularidades, entre otras una violación al debido proceso y una extralimitación de funciones. “El alcalde, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a defenderse y por eso se radica esta tutela, los tiempos de respuesta y de decisión de los magistrados están claros para las dos partes y la próxima semana se podrá conocer alguna respuesta”, sostuvo Ortiz.

El abogado señaló que este instrumento hace parte de la estrategia de defensa del alcalde y la decisión del tribunal se llevaría al proceso que se adelanta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

PROCURADURÍA ES UN ENTE AUTÓNOMO

La Procuraduría General es un organismo con funciones disciplinarias y autónomas frente a las demás ramas del Estado, que se encarga de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes y las decisiones judiciales.

Entre las atribuciones está la de representar a los ciudadanos ante el Estado y como tal es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo.

La Procuraduría tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestaria y funciones de prevención, de intervención y disciplinarias que algunos sectores empiezan a ver con desconfianza por el uso que de esos poderes ha hecho Ordóñez. Su elección la hace el Congreso de la República.

Alejandro Ordóñez fue nombrado procurador en 2008 y siempre ha estado en contra de las uniones homosexuales, que las considera inconstitucionales, y señalando que su posición estaba respaldada por la Sentencia C-577 de 2011, donde la Corte Constitucional avala las uniones gays pero rechaza que sean consideradas como matrimonios.