En el marco de la crisis política y social que vive Nicaragua, desde abril pasado, opositores, periodistas y medios de comunicación enfrentan una escalada de ataques, detenciones arbitrarias y amenazas, advierten organismos humanitarios y gremiales.

En este escenario, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua convocó a una huelga ciudadana de 24 horas para este jueves, con el fin de exigir la salida del poder del presidente, Daniel Ortega, y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

Las protestas contra el gobierno de Ortega comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social. Hasta ahora dejan un saldo de 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

Denuncias
La Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) condenó la “confiscación de los bienes” de un grupo de medios críticos con el gobierno del presidente Ortega.

La Policía de Nicaragua allanó la madrugada del sábado y se tomó por la fuerza el edificio donde funcionan las revistas digitales Confidencial y Niú, y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, que según su director, Carlos Chamorro, el Gobierno las quiere vincular con el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco).

Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997), fue director de la ONG Cinco, a la que el Parlamento quitó la personalidad jurídica. Sin embargo, sus oficinas quedan en otro lugar distinto a la sede donde funcionan las revistas.

Además del grupo de medios, en el edificio funciona la consultora Cabal, que dirige Desirée Elizondo, esposa del periodista.

Chamorro, galardonado con el IV Premio Casa América Catalunya a la Libertad de Expresión en Iberoamérica en 2009, y en 2010 con el premio María Moors Cabot, reclamó a las autoridades por el allanamiento de sus empresas y calificó la ocupación del edificio como “una confiscación”.

Su reclamo lo llevó hasta la sede de la Policía, donde agentes antidisturbios golpearon a periodistas y fotógrafos que cubrían esa denuncia.

“Llamamos al periodismo digno y valiente a cerrar filas contra todos estos atropellos a la libertad de expresión y unirnos en el pensamiento del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal”, abogó la APN.

Ese organismo gremial también condenó el despojo de la personería jurídica y “asalto” contra nueve organismos de la sociedad civil, a los que el Parlamento, controlado por el oficialismo, ilegalizó.

“Estas acciones del régimen de Daniel Ortega confirman lo que APN ha denunciado desde que Ortega retomó el poder (en 2007) de atropellar las libertades públicas y los más elementales derechos de nuestra Constitución”, señaló la APN.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, manifestó que “la agresión en estos momentos se está dando en contra de los medios independientes con la intención de coartar la libertad de expresión”.

Desde que empezaron las protestas antigubernamentales, el régimen de Ortega apuntó contra el periodismo independiente, pero los comunicadores reportan un escalamiento en las últimas semanas de los atropellos, con acciones de fuerzas policiales que incluyen asedios, amenazas y agresión física sin que medien cargos.

La opositora Radio Darío, en la ciudad León, fue sacada del aire la noche del 3 de diciembre. El mismo día el periodista Miguel Mora, dueño de 100% Noticias, fue acusado de “incitación al odio y la violencia”.

También la opositora Radio Mi Voz, de León, cerró operaciones temporalmente ante el asedio de la Policía, según su propietario Álvaro Montalván, quien días antes fue detenido violentamente y encarcelado sin cargos, según denunció.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), responsabilizaron al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

El presidente Ortega niega las acusaciones y asegura que se trata de un intento de golpe de Estado. (I)