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Oposición boliviana pide enjuiciar al vicepresidente del país por racismo

La oposición considera que el vicepresidente incitó a la violencia.
La oposición considera que el vicepresidente incitó a la violencia.
Foto: Ministerio de Comunicación de Bolivia
19 de enero de 2018 - 11:00 - Agencia EFE

La oposición boliviana presentó una acción legal para el inicio de un proceso judicial contra el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, por supuesta incitación al racismo durante un discurso suyo que se difundió por televisión a nivel nacional, confirmó hoy una fuente parlamentaria.

"No se puede, a través de una campaña de odio y de bajeza, incitar a la violencia de manera dolosa", dijo a Efe el senador de la opositora Unidad Demócrata (UD) Edwin Rodríguez, uno de los legisladores denunciantes.

García Linera participó el miércoles pasado en un encuentro de mujeres indígenas en El Alto, ciudad vecina de La Paz, donde hizo un discurso en el que leyó insultos en Twitter contra el presidente Evo Morales, criticó a la oposición y explicó la nueva ley penal boliviana que cuestionan varios sectores de la población.

Dirigiéndose a los asistentes dijo que "cuando lo insultan (a Morales), los insultan a ustedes", luego de leer varios fragmentos subidos de tono contra el presidente boliviano en redes sociales.

También advirtió a los miles de asistentes que "lo quieren (los que insultan a Morales) es sacar de Palacio al presidente, a ustedes, las organizaciones sociales (...), para poner a sus hijos rubios que hablan inglés".

A juicio del legislador la lectura de insultos contra Morales "ha sido un justificativo para poder incitar a la violencia" y que hubo "premeditación" en las palabras de García Linera.

El recurso de los opositores fue presentado ante el Viceministerio de Descolonización para que su titular, Félix Cárdenas, inicie "de oficio" un proceso contra el mandatario ante la Fiscalía del país.

La legislación boliviana sanciona la difusión de ideas racistas por medios de comunicación y agrava la pena en caso que quien la haya cometido sea funcionario público con presidio hasta de cinco años.

El Gobierno boliviano ha sido blanco de protestas que iniciaron con una huelga de médicos que duró 47 días a la que se sumaron marchas y paros regionales de sectores sindicalizados y cívicos que pidieron la anulación del nuevo Código del Sistema Penal para luego manifestarse contra la reelección de Morales.

Morales aseguró hace unos días que quienes protestan "usan el código para que el Evo no sea presidente" al mismo tiempo que denunció una conspiración de los opositores.

Por contra, también han generado rechazo unas inscripciones que aparecieron en paredes de algunos barrios de clase media-alta en La Paz y que han coincidido con las protestas contra la nueva legislación penal y la habilitación de Evo Morales para participar en futuras elecciones.

Mensajes como "fuera indios 21F", que refieren al referéndum celebrado en febrero de 2016 que negó a Morales la posibilidad de ser candidato de nuevo, fueron atribuidos a bloques opositores.

Ese tipo de mensajes han causado impresión ya que recordaron los episodios de alta confrontación social que se vivieron en 2008 durante el proceso constituyente del país andino. (I)

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