Pese a los importantes avances económicos y sociales de los últimos años, la desigualdad se mantiene como uno de los estigmas de América Latina y el Caribe. Para cambiar esta realidad y avanzar hacia la erradicación del hambre y la pobreza extrema es necesario estrechar la relación entre el crecimiento económico y la inclusión social.

Eso requiere oportunidades para la inserción productiva de las familias pobres y el fortalecimiento de los sistemas de protección social. Esto es más urgente que nunca, dado el contexto de crisis económica  por el cual atravesamos y las estimaciones que señalan que los precios de los alimentos seguirán altos y volátiles en el futuro.

Una de las iniciativas que ha impactado positivamente en la seguridad alimentaria y el acceso a servicios sociales básicos por parte de los más vulnerables son los programas de transferencias condicionadas de ingresos.

Actualmente, el 19 % de la población regional participa de ellos. Estos programas han mejorado el acceso a educación, salud y nutrición, además de proteger los niveles de ingreso y el acceso a alimentos por parte de las familias más pobres.

También previenen respuestas perjudiciales ante las caídas en el ingreso familiar, tales como substituir alimentos más caros por otros más baratos pero menos nutritivos, o incluso reducir la cantidad de alimentos consumidos. Además de su impacto positivo a nivel de los hogares, estos programas también tienen efecto en las economías locales, inyectando recursos en las comunidades.

José Graziano da Silva
Representante Regional de la FAO