El Comité de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidades expresó este lunes su "profunda preocupación" por la potencial esterilización en Perú de personas consideradas "mentalmente incompetentes", sin su consentimiento previo.

El comité dio  a conocer sus observaciones y conclusiones sobre el informe relativo a Perú en esta materia, que fue debatido la semana pasada en Ginebra, e instó al Gobierno de Lima a abolir las directivas administrativas que permiten la esterilización forzada de personas con discapacidades psíquicas.

Actualmente, denunció el comité, estas personas pueden ser esterilizadas "sin su consentimiento libre e informado", en una práctica que se lleva a cabo como "método de contracepción".

También expresó su preocupación por el hecho de que no existen servicios de rehabilitación para el 81 por ciento de la población discapacitada y solo el 1,42 por ciento de las personas con esta problemática está cubierto por programas de la seguridad social.

Por otra parte, el informe llama la atención sobre la falta de programas de detección temprana de la sordera en niños.

En este contexto, este organismo de la ONU urgió al Gobierno de Perú a elaborar programas sanitarios integrales que garanticen que las personas con discapacidad sean atendidas de manera específica y tengan acceso a servicios de rehabilitación y sanidad generalista.

Es importante, asimismo, que el Estado ponga a disposición de este colectivo servicios de detección temprana de la discapacidad para minimizar y prevenir problemas futuros desde la infancia.

Otro asunto que suscitó la inquietud del comité fueron las informaciones reiteradas acerca de la medicación forzada y de las malas condiciones materiales de las instituciones psiquiátricas, poniéndose el ejemplo concreto del hospital Larco Herrera.

Indicó que algunas personas han sido "institucionalizadas" en este centro por periodos de tiempo superiores a los diez años sin una rehabilitación apropiada.

Además, pidió al Gobierno que investigue con urgencia las informaciones sobre trato cruel, inhumano o degradante y sobre castigos de los que son víctimas los pacientes psiquiátricos.

En cuanto a los discapacitados con largas estancias en centros psiquiátricos o que viven en zonas rurales, el comité denunció que en muchos casos no tienen documento de identidad oficial e, incluso, se da la circunstancia de personas que ni siquiera tienen nombre.