La fiscalía y una misión antimafias de la ONU en Guatemala solicitaron este martes levantar los fueros a dos jueces, sospechosos de recibir sobornos para alterar la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ), informaron fuentes judiciales.

El caso está atado a la captura el viernes pasado del juez Eddy Giovanni Orellana y el influyente abogado Roberto López Villatoro, conocido popularmente como el "Rey del Tenis", dijo a periodistas la portavoz de la fiscalía Yecenia Enríquez.

Según las investigaciones, López Villatoro está señalado de entregar a Orellana, presidente de Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, un lujoso apartamento en una zona exclusiva de la capital a cambio de favorecer sus intereses en la elección de magistrados del Poder Judicial para el periodo 2014-2019.

La portavoz Enríquez señaló que los otros dos jueces involucrados son Marwin Herrera, presidente de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones Civil y Mercantil, y Carlos Lucero, titular de la Sala Segunda del Ramo de Familia, señalados del delito de cohecho pasivo.

"Ellos son señalados de haber recibido beneficios por parte de Sergio Roberto López Villatoro, mientras actuaban como comisionados en el pasado proceso de elección de magistrados para la CSJ", agregó.

De su lado, el uruguayo Matías Ponce, vocero de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de la ONU que apoya las investigaciones, agregó que se realizaron allanamientos en las residencias de Orellana y de López Villatoro.

"El objetivo de dichas diligencias es recabar información dentro de la investigación por corrupción judicial que realizan en conjunto" con la fiscalía, añadió.

De acuerdo con las instancias investigadoras, "existen indicios racionales que evidencian relaciones de confianza, compañerismo y afinidad" de López con al menos dos de los trece jueces que integran la actual cúpula de la CSJ.

López Villatoro, detenido por el delito de cohecho activo, se encontraba en el radar público desde hace varios años al ser señalado por organizaciones sociales y algunos medios locales de ejercer poder en elecciones judiciales. (I)