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ONU pide a Argentina liberar a dirigente social encarcelada

Sala, de 52 años, es una popular dirigente de la organización barrial Tupac Amaru .
Sala, de 52 años, es una popular dirigente de la organización barrial Tupac Amaru .
Foto: Archivo
28 de octubre de 2016 - 17:21 - Agencia AFP

El Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas solicitó al gobierno argentino de Mauricio Macri la "inmediata liberación" de la dirigente social Milagros Sala, encarcelada desde enero pasado tras motorizar una protesta social en la provincia de Jujuy (norte).

La ONU considera que "la privación de libertad de la señora Milagros Sala es arbitraria", según un documento divulgado este viernes en Buenos Aires por Amnistía Internacional Argentina y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organizaciones que impulsaron la denuncia junto a dirigentes de la oposición.

El Grupo de Trabajo de la ONU también recordó que, conforme al derecho internacional, "la víctima de una detención arbitraria tiene derecho a buscar y obtener reparaciones del Estado, lo que incluye la restitución, compensación, rehabilitación satisfacción y garantías (de) no repetición".

Sala, de 52 años, es una popular dirigente de la organización barrial Tupac Amaru que agrupa a decenas de cooperativas con las cuales impulsa la construcción de viviendas, centros sanitarios y escuelas en Jujuy, una de las provincias más pobres de Argentina.

La controversial dirigente recibió en los últimos años apoyo político y económico de los gobiernos de centroizquierda de Cristina y Néstor Kirchner (2003-2015), aunque llevaba una larga historia de luchas sociales con arraigo en Jujuy.

La oposición kirchnerista la considera una "presa política" del gobierno de Macri.

Fue arrestada el 16 de enero, poco después de que asumiera como gobernador de Jujuy Gerardo Morales, integrante de la alianza de centro-derecha Cambiemos, que lidera Macri.

En un primer momento fue acusada de instigar a cometer delitos de sedición, supuestamente por organizar una protesta pacífica (un acampe de manifestantes) en una plaza céntrica de Jujuy que, según las autoridades, entorpecía la circulación.

Fue puesta en libertad después de que las autoridades le retiraran los cargos, pero antes de salir de prisión fue nuevamente acusada, esta vez por "defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita", por lo que sigue arrestada.

Derechos 

Sus defensores sostienen que su detención viola la inmunidad de que gozan los parlamentarios.

El Grupo de Trabajo de la ONU "constató que la privación de libertad, al no mediar el procedimiento de desafuero de Milagros Sala, se llevó a cabo en contravención del ordenamiento jurídico aplicable argentino, tanto de índole constitucional como legal y derivado de instrumentos internacionales".

En ese sentido consideró que "se le violaron los derechos", tanto en lo que hace al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La ONU también "constató que a la señora Sala se le obstaculizó el derecho a la defensa jurídica".

"Pareciera que las acciones legales y procesales (contra Sala) se aceleraron a partir de la protesta social iniciada en el mes de diciembre" de 2015, sostuvo la ONU en el texto de unas 20 páginas fechado en agosto pasado.

Meses atrás el Parlamento Europeo también envió una carta al presidente Macri exigiendo la liberación de Sala.

El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, recordó que el informe de la ONU "no es vinculante" y destacó que el pronunciamiento del Grupo de Trabajo data de agosto, en base a una denuncia presentada en abril pasado, y que desde entonces "la situación procesal de Sala se modificó".

"Después de abril hubieron dos prisiones preventivas y se encuentra imputada por defraudación al Estado por más de 800 millones de pesos" (51,94 millones de dólares) por fondos para la construcción de vivienda, indicó al canal TN.

Según el fiscal, sobre Sala pesan "seis causas penales por delitos comunes, amenazas, corrupción y encubrimiento agravado".

"A partir del informe (de la ONU) se abre una instancia de 180 días en la cual las partes pueden presentar elementos para que se revise la decisión. Se debe actualizar la situación procesal y las causas", dijo

En ese sentido el fiscal pidió "que los relatores (del Grupo de Trabajo de la ONU) concurran a notificarse personalmente de la causa". (I)

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