El representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Fabrizio Hochschild (foto), sostuvo que los acuerdos de paz entre las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno colombiano sí necesitan el respaldo de una consulta popular.

Este asunto, que en las últimas semanas ha sido ratificado por el presidente Juan Manuel Santos, fue respaldado por la ONU.

En breves declaraciones a los medios en Bogotá, Hochschild explicó: “Dado que el proceso de Colombia es tan polémico y dado que el gran desafío no es tanto llegar a un acuerdo sino la construcción de paz después, tener un mecanismo para asegurar que la mayoría sí quiere ese acuerdo ayudaría mucho”.

Hochschild señaló, además, que no importa el mecanismo por el cual sean consultados los acuerdos, siempre y cuando sea validado por los colombianos y sus opiniones se basen en procesos de paz internacionales.

Asimismo, la Delegación de Paz de las FARC afirmó que aunque no comparte la idea del mecanismo de un referendo popular, sí es indispensable que la ciudadanía niegue o apruebe lo pactado en La Habana con el Gobierno.

“Dentro de estos parámetros a nadie se le puede ocurrir que en un proceso que hemos concebido realizar de cara al país, se pueda prescindir de la participación del pueblo en su construcción, y en su implementación.

En este contexto la refrendación del acuerdo final es un paso fundamental si queremos lograr una paz estable y duradera”, aseguran en un comunicado.  

La guerrilla afirma que dentro de estos parámetros un acuerdo logrado “por encima de cualquier interés particular o de grupo, si no apela al constituyente primario para efecto de su validez, nada podrá garantizar a los colombianos”.

FARC: “EL PROCESO DE PAZ ES UN HECHO POLÍTICO”

Según las FARC, en materia de justicia es un error decir que el proceso de paz es un proceso de sometimiento a la justicia. “En ningún ciclo o espacio oficial de conversaciones se ha tratado sobre temas de una justicia que anticipadamente descarte que un proceso de paz es un hecho político y no un proceso jurídico”.

Agregaron que “todo lo que a la fecha se haya adelantado, acordado o aprobado por las ramas del Estado, por fuera de la agenda de La Habana, no tiene validez”.