Naciones Unidas lamentó este viernes 13 de noviembre de que "no haya justicia" cien días después de las explosiones registradas en el puerto de la capital de Líbano, Beirut, que dejaron más de 200 muertos, miles de heridos y unos daños materiales que han recrudecido la crisis económica y humanitaria en la que se encuentra sumido el país.

"Cien días después de la tragedia nacional de la explosión en el puerto de Beirut. Cien días de investigaciones con expertos internacionales serios y aún no hay claridad, rendición de cuentas ni justicia", criticó el enviado especial de la ONU para Líbano, Jan Kubis, a través de su cuenta en la red social Twitter.

Las investigaciones se han saldado hasta el momento con cerca de 20 detenidos, incluidos varios altos cargos de la autoridad del puerto de Beirut por su presunta responsabilidad en el almacenamiento y mantenimiento de las cerca de 2.500 toneladas de nitrato de amonio que estallaron en el lugar.

Sin embargo, el presidente libanés, Michel Aoun, prometió que se esclarecerá lo ocurrido para que los responsables rindan cuentas; rechazó a principios de octubre los decretos para el cese de tres destacados funcionarios imputados en el marco de las pesquisas.

Así, defendió que no podía hacerlo "hasta que no haya una decisión adoptada por parte del Consejo de Ministros”. El Gobierno, que dimitió a raíz de las protestas desencadenadas tras las explosiones, se encuentra en funciones a la espera de un acuerdo para la composición del nuevo Ejecutivo.

Las explosiones tuvieron lugar en un momento en el que Líbano atraviesa una grave crisis económica -la peor desde la guerra civil (1975-1990)- y desencadenaron una nueva oleada de protestas que se saldó con la dimisión del primer ministro, Hasán Diab.

En este sentido, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) incidió el miércoles 11 de noviembre en que los niños y familias afectados siguen teniendo necesidades "graves" y requieren de un apoyo "fundamental" a medida que reconstruyen sus vidas, al tiempo que hizo hincapié en la necesidad "urgente" de más fondos para los programas clave, incluido el de protección infantil. (I)