El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas comenzará a evaluar desde este lunes en Argentina las condiciones carcelarias de detenidos, entre ellos de la líder social Milagro Sala, cuyo arresto hace un año y cuatro meses es considerado arbitrario por la ONU.

El caso es una piedra en el zapato del gobierno de Mauricio Macri que ha pedido a gritos la liberación de opositores en Venezuela mientras soporta la presión internacional de organismos humanitarios para la liberación de Sala.

Mariela Belski, directora de AI en Argentina, al presentar en febrero un informe anual con el representante del organismo de Venezuela, recalcó que el organismo ha defendido por igual al dirigente venezolano Leopoldo López y a la argentina Milagro Sala. "Ambos casos coinciden en que están detenidos arbitrariamente", dijo entonces Belski.

La libertad de Sala es reclamada por el comité de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y decenas de organismos humanitarios, que la consideran "prisionera política".

La misión de la ONU responde a una invitación del gobierno y se extenderá hasta el 18 de este mes. Vistarán lugares de detención, incluidas prisiones, instituciones de atención de la salud y comisarías.

También se reunirá con los detenidos "con el fin de realizar una evaluación del sistema general de la Argentina", según anunció en un comunicado.

Este miércoles irá a Jujuy (norte) donde Sala está arrestada desde enero de 2016.

El caso 

La dirigente indígena, de 53 años, opositora al gobierno de Macri, está acusada de organizar manifestaciones no permitidas y de fraude con fondos del Estado, entre otros delitos.

Fue elegida diputada del Parlasur por el kirchnerismo en los comicios de diciembre de 2015, cuando ganó la gobernación de Jujuy Gerardo Morales, aliado de Macri y adversario político de Sala.

Las autoridades políticas de Jujuy la acusan de malversación y fue denunciada por usar métodos autoritarios y violentos. "Se robó todo", acusó Morales.

En marzo pasado, Sala afirmó que la "quieren muerta". Entonces protagonizó un confuso episodio que ella explicó como un intento de suicidio en el que terminó con heridas leves en el abdomen producidas con una tijera. En esa ocasión denunció represalias carcelarias.

"Me acusan porque soy negra y coya (pueblo indígena norteño)", dijo Sala la primera vez que compareció ante un tribunal.

Como dirigente social es líder del movimiento social Tupac Amaru, que construyó miles de viviendas, centros de salud y escuelas mediante cooperativas de autogestión financiadas con fondos federales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).

En una de las causas en su contra la encontraron culpable de instigar en 2009 a arrojarle huevos a Morales, años antes de convertirse en gobernador. Pero Sala no estuvo presente en el 'huevazo'.

Misión 

Tras una evaluación 'in situ', la misión citó a la prensa antes de su partida, el 18 de marzo, y presentará un informe final sobre Argentina al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre próximo.

Gremios, simpatizantes y referentes políticos han pedido en reiteradas marchas la liberación de Sala.

El caso llegó hasta la Corte Suprema de justicia merced a un recurso extraordinario de la defensa. El tribunal debe expedirse sobre dos cuestiones: la supuesta arbitrariedad del arresto y la invocación a la inmunidad parlamentaria.

Antes de dar a conocer su fallo, el tribunal pidió la opinión de la procuradora general Alejandra Gils Carbó.

La jefa de fiscales dictaminó en abril pasado que el arresto preventivo de Sala es infundado e ilegal y por lo tanto "debe ser dejado sin efecto".

La Corte no tiene plazo para emitir su fallo que puede representar la llave que devuelva la libertad a Sala. (I)