El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (ONU) le recomendó a México la creación de una “unidad fiscal especializada en investigar desapariciones forzadas” y la implementación de una ley para juzgar este delito, señala un dictamen difundido ayer en Ginebra.

Dicha unidad debería funcionar “en el ámbito de la PGR (Procuraduría General de la República)” y contar “con personal específicamente calificado”, así como tener “una perspectiva estratégica a nivel nacional y transnacional” que nutra “las tareas de búsqueda”, añade el dictamen.

“México debe redoblar sus esfuerzos para atacar el problema de las desapariciones generalizadas que vive el país”, pidió el Comité, tras examinar el caso mexicano en el contexto de la desaparición y presunto asesinato de 43 estudiantes.

“El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, añadió.

El comité de la ONU, conformado por 10 expertos, examinó el 2 y 3 de febrero a México en el marco de las obligaciones emanadas de la convención internacional contra las desapariciones forzadas y ayer emitió un documento de 50 puntos donde detalla sus preocupaciones y recomendaciones.

La ONU pide también la creación de “un registro único de personas desaparecidas que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas integrales y coordinadas, encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante”.

El Comité exhorta, además, a que ese registro contenga “datos estadísticos respecto de casos de desaparición forzada, aun cuando hayan sido esclarecidos” y “ser completados con base en criterios claros y homogéneos y actualizados de manera permanente”.

También pidió avanzar “a la brevedad posible” en el proceso legislativo para que se adopte una ley para todo el país sobre desapariciones forzadas, con participación de las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). México ha señalado que espera que esa ley esté lista para junio.

Alrededor de 24.000 personas han desaparecido en México desde 2006 a la fecha, coinciden fuentes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

El comité se refirió también a las desapariciones forzadas registradas en la década de 1970 durante la llamada “guerra sucia” y a la ausencia de avances significativos en las investigaciones, así como a la desaparición de migrantes, muchas veces con participación de autoridades, en su camino por México hacia Estados Unidos.

Recomendó también que los casos de desaparición forzada de militares por parte de militares sean competencia exclusiva de tribunales civiles, y no de la justicia castrense, para garantizar imparcialidad.

México tendrá plazo, a más tardar, hasta el 13 de febrero de 2016 para dar al comité información sobre la aplicación de los puntos referidos al registro único de personas desaparecidas, mecanismos de búsqueda y prevención e investigación de desaparición de migrantes.