Para la Organización de Naciones Unidas (ONU),  la activista mexicana Nestora Salgado, comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá y presa desde el año 2013, es víctima de “detención arbitraria”. Así lo resolvió Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de esa organización internacional, según un documento emitido este 1 de febrero en el cual “pide al gobierno de México tomar las medidas necesarias para remediar la situación, liberando a la Sra. Salgado y proporcionándole una compensación adecuada”.

La conclusión y recomendación llega después del 74º periodo de sesiones del Grupo de Trabajo, compuesto por cinco expertos independientes en derechos humanos. Ellos estudiaron el caso por medio de las pruebas ofrecidas por Salgado y sus representantes legales así como las respuestas que brindó el Estado mexicano.

Indígena tlapaneca, madre, abuela y migrante, Nestora Salgado residía en Estados Unidos pero cada año regresaba su pueblo natal, Olinalá, para repartir ropa, juguetes y dulces entre los habitantes de la región, una de las más pobres de México. En su último viaje, durante el año 2013, los encontró sumidos en el terror por el asedio del narcotráfico y decidió permanecer allí. Se sumó a la incipiente organización comunitaria de la seguridad, donde sus propios vecinos la eligieron comandante regional.

El entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero le manifestó su apoyo pero la situación cambió al enfrentar al gobierno de Olinalá, implicado en casos de corrupción y robo de ganado. El 31 de agosto de 2013, con un gran operativo encabezado por marinos, fue detenida e incomunicada. Desde entonces permanece presa y ha estado en dos penales, primero en el de máxima seguridad de Nayarit y ahora en la cárcel de Tepepan, en la capital del país. 

Un año atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares y ordenó a México proteger la vida e integridad de la líder comunitaria, debido a las alarmantes condiciones de detención y grave deterioro en su salud. Se suma ahora el reclamo de ONU a los pedidos de mexicanos y extranjeros por la liberación de Salgado, a quien se considera entre los principales presos políticos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Ante la injusticia local, la justicia internacional es muy importante”, dice a El Telégrafo Alejandra Gonza, titular de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle y representante legal de Salgado en Estados Unidos. Agrega que la líder comunitaria, quien cuenta con ciudadanía mexicana y estadounidense, no ha tenido acceso a un debido proceso y existen varias irregularidades varias en su causa, por ejemplo que sus acusadores no han ratificado nunca las denuncias en su contra. Aunque la justicia federal mexicana ordenó su excarcelación, continúa recluida.

“Trabajamos dos años para demostrar a la ONU que Nestora está viviendo procesos injustos, en un claro caso de criminalización de su liderazgo –agrega Gonza-. Ahora nos encaminamos a la implementación inmediata (de la recomendación internacional). Acudiremos a todos los poderes del estado de Guerrero y de México con el objetivo de tener a Nestora libre”. (I)