La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este jueves, en Nueva York, por una abrumadora mayoría de 136 votos a favor y 6 en contra una resolución no vinculante para regular la reestructuración de deuda soberana y evitar nuevas batallas judiciales como la de Argentina contra los denominados fondos buitres.

La resolución sobre los "Principios básicos de los procesos de reestructuración de deuda soberana" recibió el apoyo mayoritario de países de América Latina, África y Asia, y solo fue rechazada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Israel y Japón. Colombia y México se abstuvieron, al igual que muchos países europeos.

Para Argentina, impulsora de la iniciativa a través del Grupo de los 77 más China, se trata de un apoyo internacional en su batalla judicial contra los fondos especulativos que le ganaron un juicio por 1.600 millones de dólares en los tribunales federales estadounidenses por deuda en default desde 2001.

"Quiero agradecer enormemente a la inmensa mayoría de miembros de las Naciones Unidas que han comprendido la importancia de esta resolución, que es una resolución a favor de la estabilidad económica, de la paz social y del desarrollo de los pueblos", dijo el canciller argentino Héctor Timerman, presente en la sesión.

La resolución no menciona sin embargo a Argentina ni a esos fondos a los que califica de "buitres" por haber comprado bonos en default a precio de remate para luego litigar ante la justicia, rechazando los canjes de deuda de 2005 y 2010 que incluyeron importantes quitas y fueron aceptados por el 93% de los acreedores.

"Un Estado soberano tiene el derecho, en ejercicio de su discreción, de diseñar su política macroeconómica, incluyendo la reestructuración de su deuda soberana, la cual no debe ser frustrada o impedida por ninguna medida abusiva", afirma el texto en el primero de sus nueve "principios".

 "Mundo libre de buitres"

La resolución, redactada por un comité especial ad-hoc, fue presentada a votación por Sudáfrica tras un año de negociaciones desde septiembre de 2014, cuando se pidió a la ONU -también a través de la Asamblea General- establecer un marco para reforzar el sistema financiero mundial y evitar que los países endeudados padezcan situaciones como la de Argentina.

"La inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución respecto de reestructuraciones de deuda soberana es un derecho de los Estados ante tribunales locales extranjeros y las excepciones deben ser interpretadas de manera restrictiva", señala en su sexto punto.

"Una reestructuración mayoritaria implica que acuerdos de reestructuración de deuda aprobadas por una mayoría calificada de los acreedores del Estado no puede ser afectada, puesta en peligro o impedida de algún otro modo por otros Estados o un número no representativo de acreedores, que deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores", afirma en el apartado noveno.

Argentina se niega a cumplir un fallo del juez Thomas Griesa de Nueva York que dio la razón a los fondos NML Capital y Aurelius, instando a la República a pagar 1.600 millones en concepto de capital e intereses actualizados.

En julio de 2014, y para presionar a Argentina a aceptar su sentencia, Griesa bloqueó parte de los pagos a los acreedores que entraron en los canjes, provocando un default parcial del país sobre esas obligaciones.

También presente en Nueva York, el ministro de Finanzas argentino Axel Kicillof saludó la aprobación del texto en la ONU afirmando que se trata de un "paso fundamental" para conseguir "un mundo mejor, un mundo libre de buitres".

"Sabemos que muchos esperan que las cláusulas contractuales resuelvan la cuestión de las reestructuraciones de deuda soberana. Nosotros creemos en cambio que hay que modificar la estructura y la arquitectura financiera internacional", concluyó. (I)