Tras una emboscada en la que murieron tres militares, el presidente Jimmy Morales decretó el estado de sitio en más de 22 municipios de seis departamentos de Guatemala. Organizaciones de derechos humanos temen una ola represiva en estas zonas de alta conflictividad social. La medida fue  aprobada ayer por el Congreso.

Tres militares asesinados, dos desaparecidos y tres heridos. Es el balance de una emboscada que ocurrió el martes en el poblado de El Estor, departamento de Izabal, al noroeste de la capital guatemalteca, mientras una unidad militar investigaba el aterrizaje de un avión en una pista clandestina.

De momento, las circunstancias exactas del enfrentamiento no son del todo claras.

El presidente Morales asegura que los narcotraficantes protegen pistas clandestinas con la colaboración de supuestos defensores de los derechos humanos y “pseudocampesinos”.

Aunque la escaramuza ocurrió en el departamento de Izabal, el mandatario firmó un decreto que instaura el estado de sitio en 22 municipios de seis departamentos por 30 días.

En los departamentos de Izabal, Petén, El Progreso, Zacapa, Alta Verapaz y Baja Verapaz, los derechos constitucionales como la libre circulación, el derecho a reunirse y a manifestarse quedan restringidos. “Se ha perdido por completo la seguridad y la gobernabilidad en dichas zonas”, justificó el mandatario.

“El hecho de poner estado de sitio en todo el departamento de Izabal y en municipios de otros departamentos es totalmente desproporcionado a lo que sucedió en el área”, estima en cambio Juan Francisco Soto, director del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, Caldh.

La instauración del estado de sitio en regiones de Guatemala ocurre tres días después de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Naciones Unidas en Guatemala (Cicig) concluyó su mandato en el país.

“La institucionalidad y los derechos humanos están muy debilitados en el país”, lamenta en diálogo con RFI Juan Francisco Soto. (I)