ONG: “México es un cementerio humano”, el gobierno evade la desaparición forzada

Organizaciones civiles denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno mexicano no cuenta con una política integral para atender las desapariciones forzadas en el país, lo que ha propiciado la impunidad y que algunos funcionarios “revictimicen” a los familiares de los desaparecidos.

En el marco del 154 período de sesiones, que la CIDH celebró el viernes en Washington, Estados Unidos, más de 20 organizaciones recriminaron al gobierno por no reconocer que la desaparición forzada es un problema que ha alcanzado al  país en general. Dijeron que en algunos casos las autoridades están coludidas con el crimen organizado como quedó de manifiesto con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó el portal  SinEmbargo.

“El gobierno pretende ignorar el problema, cuando se les habla de las desapariciones forzadas nos descalifican”, señaló Gabino Flores, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua.
Existe la infiltración en los cuerpos policiacos del crimen organizado, indicó, lo que ha impedido la búsqueda de las personas desaparecidas “¿Cómo explicar que se entreguen pruebas a los ministerios públicos y las pierdan?”, dijo.

Gabino Flores señaló que desde 2010 hasta 2014 se encontraron 90 fosas en Chihuahua y 200 en Guerrero. “De norte a sur, México es un cementerio humano y la tragedia continúa”, expresó.                                                                                                                           

En su turno, Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, pidió a la CIDH que intervenga para que el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala se considere como desaparición forzada.

“Solicitamos la intervención de la Comisión para pedir al gobierno que considere el caso Ayotzinapa como desaparición forzada, porque actualmente ninguna de las personas acusadas en el caso Iguala se encuentra procesada por desaparición forzada, solo por secuestro”, dijo, según la EFE.

A la sesión denominada ‘Denuncias sobre hechos de desaparición forzada e impunidad en México’ acudieron familiares de desaparecidos que recriminaron la indiferencia y en algunos casos omisión por parte del Gobierno mexicano en este tema.

La señora Diana Iris García, madre de Daniel Cantú, quien desapareció en el año 2007 en Ramos Arizpe, Coahuila, denunció una revictimización por parte de las autoridades.
“Nos enfrentamos a la revictimización de parte de las autoridades, no hay una búsqueda científica, solo de oficio, no hay investigación proactiva”, indicó.

En tanto, la señora Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera, estudiante desaparecido por un comando que vestía uniformes federales, pidió a la CIDH que inste al Gobierno mexicano a implementar mecanismos más eficientes en la búsqueda, porque de lo contrario, advirtió, habrá más desapariciones y muertes.
“Vivimos entre los muertos más los que nos esperan. El Estado dice que los desaparecidos están muertos y no los buscan. Les pido nos apoyen a empujar las búsquedas de campo, en donde no menosprecien nuestra participación”, señaló.

La comisionada Rosa María Ortiz indicó que el Gobierno mexicano debe mostrar en la práctica que hay un tiempo nuevo en México en el tema de las desapariciones forzadas.

“¿De qué manera práctica se puede evidenciar que hay un tiempo nuevo en México? Valoramos las medidas del Estado y los avances en sus propuestas legislativas, pero mientras no cambien los hechos [desaparecidos] habrá siempre un vacío que se tiene que llenar”, dijo.

Minutos antes, en la sesión ‘Situación general de derechos humanos en el estado de Guerrero, México’, la CIDH solicitó al Estado mexicano no perseguir ni estigmatizar la labor de los defensores de derechos humanos en el país como denunciaron las organizaciones en la sesión.

De acuerdo con los defensores de derechos humanos “más de 14 dirigentes sociales han sido procesados por defender sus derechos y 4 de ellos están recluidos en penales de máxima seguridad, como es el caso de Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de la Presa La Parota (Cecop). También se refirieron a las declaraciones de las autoridades donde descalifican los informes de organismos internacionales.