La renovación del Tribunal Constitucional de Perú (TC) abrió un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y Legislativo, que llevó a la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra.

En respuesta, los legisladores suspendieron al mandatario por “incapacidad temporal” y designaron a Mercedes Aráoz como “presidenta interina” del país, una medida sin efecto práctico.

La designación de los nuevos magistrados del máximo tribunal del Estado peruano le corresponde al Congreso, pero los candidatos seleccionados no son los que quiere el gobierno de Vizcarra por los temas clave que tendrá que resolver, como la libertad de Keiko Fujimori, la libertad de Alberto Fujimori y los acuerdos judiciales con los arrepentidos del caso Odebrecht.

El escándalo político se produce cuando la Fiscalía peruana se dispone a interrogar nuevamente, desde hoy hasta el viernes, al exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, para que devele el nombre de los congresistas cuyas campañas fueron financiadas ilegalmente por la constructora brasileña. Se registran pagos realizados entre enero de 2006 y 2011 de más de $ 59 millones.  

Los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez y Rafael Vela, viajaron a Curitiba, Brasil, para desentrañar los nombres detrás de 71 “codinomes” o alias de funcionarios y empresarios que figuran en los pagos ilícitos de la empresa brasileña.

Según Vela, coordinador del equipo fiscal, estos apelativos están vinculados a campañas electorales, incluso parlamentarias: “Campanha”, “Campanha Legislativa”, “Campanha Nacional”, “Campanha Nac 2” o “Campanha Nac 3”.

Sobre “Campanha Legislativa” se conoce que el período de desembolsos de dinero ilícito se dieron en los años 2011-2016 por el monto de $ 461.000.

Además de Barata, serán interrogados Eleuberto Antonio Martorelli y Marko Antonio Harasic Angulo, apoderado legal de Kuntur-Proyectos de Hidrocarburos en el Sur, un proyecto inconcluso a cargo de Odebrecht.

Las fuerzas opositoras en el Congreso, como el partido fujimorista Fuerza Popular, de Keiko Fujimori; y el Partido Aprista, son contrarios a los términos del acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) que la Fiscalía peruana suscribió con Odebrecht.

Fujimori está presa desde octubre de 2018 por obstruir las investigaciones que le siguen por la presunta financiación irregular de $ 800.000 para su campaña electoral de 2011 a la Presidencia de Perú por parte de Odebrecht. Su padre, Alberto, cumple una condena de 24 años de cárcel por delitos de lesa humanidad; fue indultado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, medida que anuló el actual TC.

Los cambios de miembros  en el Tribunal Constitucional, a los que Vizcarra se opone, podrían revertir las investigaciones y darles la libertad a los Fujimori, que controlan la Asamblea con el partido Fuerza Popular y el Partido Aprista del expresidente Alan García, que se suicidó el 17 de abril pasado cuando la Fiscalía fue a detenerlo a su casa al ser acusado de recibir sobornos de Odebrecht.

Las investigaciones del caso Odebrecht por sobornos y lavado de dinero también involucran a los expresidentes Alejandro Toledo (preso en EE.UU.), Ollanta Humala y Kuczynski, que cumple arresto domiciliario en su residencia cerca de Lima. (I)