El presidente Barack Obama inició este viernes una serie de viajes en Estados Unidos para defender su plan para los inmigrantes ilegales, que provocó la cólera de sus rivales republicanos, que están decididos a cerrarle el paso.

Al día siguiente de su solemne alocución en la Casa Blanca durante la cual presentó medidas para paliar la situación de unos cinco millones de indocumentados amenazados de deportación, el mandatario se trasladó a Las Vegas (Nevada, oeste), donde debe pronunciar un discurso detallando su proyecto para reparar "un sistema que no funciona desde hace décadas".

El presidente "empleará toda su energía para defender las medidas anunciadas en la noche de ayer", adelantó Dan Pfeiffer, uno de sus cercanos consejeros. "Viajaremos por el país, a estados demócratas, a estados republicanos y a estados indecisos", agregó, subrayando que el tema será "una prioridad extremadamente importante" el año próximo.

La reforma del sistema migratorio fue una de las principales promesas de campaña de Barack Obama, tanto en 2008 como en 2012.

Pero luego de una serie de reveses en el Congreso, hacia el cual estima haber dado prueba de una "paciencia extraordinaria", Obama decidió -dos años antes del fin de su mandato- actuar por decreto, sin esperar la hipotética aprobación de una ley.

A partir de la primavera boreal próxima, todo inmigrante ilegal que viva desde hace más de cinco años en Estados Unidos y tenga un hijo estadounidense podrá solicitar un permiso de trabajo por tres años.

Por otra parte, las condiciones de acceso al programa Daca ("Deferred Action for Childhood Arrival"), lanzado en 2012, que ofrece un permiso de trabajo a los menores llegados a territorio estadounidense antes de los 16 años, serán flexibilizadas. Unos 600.000 inmigrantes ya se beneficiaron con este programa actualmente.

La mitad de los ilegales residen en Estados Unidos desde hace más de 13 años.

- "Impacto económico positivo" -

La organización Human Rights Watch se congratuló por la iniciativa "apreciable pero incompleta". "El programa del presidente Obama que busca evitar a cerca de cinco millones de inmigrantes y sus familias ser separadas por las expulsiones es un golpe a la crueldad  arbitraria", declara Antonio Ginatta, uno de sus portavoces. "Pero continúa siendo indispensable llegar a una solución más permanente y completa", advirtió.

Según el republicano John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, el mandatario "decidió deliberadamente sabotear toda posibilidad de alcanzar la reforma bipartidaria que dice querer".

Para el líder republicano, esta decisión "alentará a más gente a venir de manera ilegal". "El año pasado asistimos a una crisis humanitaria aterradora en nuestra frontera. El próximo verano podría ser peor", afirmó.

Una prueba del clima de extrema desconfianza que reina entre el Capitolio y la Casa Blanca, es que Boehner formalizó el viernes la anunciada presentación de una demanda judicial contra el presidente, al que acusa de "exceder sus poderes constitucionales" con la puesta en práctica de su reforma del sistema de salud.

Luego de que Obama insistiera en la noche del jueves en su discurso sobre los valores: "Somos y seremos siempre una nación de inmigrantes", este viernes la Casa Blanca destacaba los beneficios económicos de las decisiones anunciadas.

"Tenemos en este país 11 millones de personas que viven en la sombra. El presidente está convencido de que debemos sacarlos de la sombra, que ello tendrá un impacto económico positivo y que es bueno para la seguridad nacional", afirmó Josh Earnest, portavoz de la administración.