El presidente de EE.UU., Barack Obama, instó hoy al Congreso a regresar de sus vacaciones recién comenzadas para resolver una disputa sobre la financiación de la Dirección Federal de Aeronáutica que ha causado el cierre parcial del organismo y supone un coste al Gobierno de 250 millones de dólares semanales.

En declaraciones tras una reunión con su Gabinete, Obama indicó: "Mi esperanza, y creo que la de todo el pueblo estadounidense, es que esto se pueda resolver para finales de esta semana".

El presidente dijo que ha llamado a varios líderes legislativos para instarles a resolver el punto muerto y recordó que la medida que es necesaria aprobar no es complicada y este Congreso ya la ha aprobado en varias ocasiones.

La posibilidad de que el Congreso retome sus actividades es complicada, por cuanto la Cámara de Representantes cerró sus puertas el lunes, tras aprobar la ley de aumento del límite de deuda nacional, y el Senado comenzó a su vez sus vacaciones estivales el martes, también tras votar la medida.

La disputa gira en torno a un programa de 200 millones de dólares anuales de subsidios de la Dirección Federal de Aeronáutica (FAA, por sus siglas en inglés) para los servicios de aerolíneas en áreas rurales.

Los republicanos, que abogan por rebajas drásticas del gasto público y controlan la Cámara de Representantes, buscan un recorte de 16,5 millones de dólares en ese programa de subsidios. Los demócratas, que son mayoría en el Senado, rechazan esa disminución.

Como resultado, permanece en el limbo la ley que prorroga el presupuesto de la FAA, que expiró el 22 de julio, lo que obligó a un cierre parcial del organismo desde ese día.

Aunque no afecta a los controladores de tránsito aéreo ni los servicios de las aerolíneas comerciales, ello ha llevado a la suspensión de unos 4.000 empleados de la agencia y la paralización de unos 200 proyectos de construcción en los que participan unos 70.000 trabajadores.

También supone que el Gobierno deja de recaudar cerca de 250 millones de dólares por impuestos a los vuelos, por lo que esperar a que el Congreso resuelva el problema a la vuelta de sus vacaciones podría costar unos 1.250 millones.