El gobierno del presidente Barack Obama cuestionará ante la Corte Suprema la decisión de un tribunal de apelaciones que mantuvo el lunes el bloqueo a las medidas de alivio migratorio anunciadas en noviembre del año pasado, informó el martes un vocero del Departamento de Justicia.

Esa cartera "no está de acuerdo con el fallo adverso" del tribunal de apelaciones "y pretende solicitar una revisión por parte de la Suprema Corte de Estados Unidos", expresó el vocero del departamento, Patrick Rodenbush, en una nota oficial.

En la noche del lunes, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, mantuvo el bloqueo a la aplicación de los decretos con medidas de alivio migratorio, manteniendo vigente una decisión de un tribunal distrital de Texas en febrero, que paró en seco todo el proceso.

De acuerdo con Rodenbush, el Departamento de Justicia está "determinado a tomar los pasos necesarios para resolver el litigio sobre la cuestión migratoria tan pronto como sea posible".

 Solución antes de 2017

Para Rodenbush, el Departamento de Seguridad Interior precisa de esos decretos para priorizar la deportación de "aquellos que cometen crímenes, no de personas que tienen lazos con Estados Unidos ni aquellos que están criando niños estadounidenses".

Obama había anunciado el pasado 20 de noviembre un conjunto de decretos que permitían a inmigrantes ilegales cuyos hijos ya regularizaron su situación en Estados Unidos beneficiarse de la misma legislación, una medida que, se estima, ayudaría a sacar de la ilegalidad a por lo menos cuatro millones de personas.

El objetivo fundamental de los decretos firmados por Obama era tratar de contener la deportación masiva de inmigrantes ilegales, incluso de personas cuyos hijos ya pasaron a tener su situación resuelta.

Sin embargo, en enero los gobernadores de 26 estados cuestionaron ante la justicia la constitucionalidad de las medidas, por considerar que Obama carecía de la autoridad para actuar por tratarse de una cuestión bajo análisis del Congreso.

El presidente esperaba que los decretos tuvieran efecto antes de su salida de la Casa Blanca, el 20 de enero de 2017, pero con el envío del caso a la Corte Suprema aún no está claro si los plazos permitirán que ello ocurra.

Tropiezo, no fin del camino

Este martes, el líder de la bancada del partido Demócrata en el Senado, Harry Reid, sostuvo que el presidente Obama se vio forzado a firmar los decretos ante la inactividad de los legisladores del partido Republicano, que cerraron el camino a cualquier discusión sobre el tema.

"Los Republicanos han criticado la acción del presidente Obama respecto a la inmigración. ¿Por qué lo hizo? Porque no le dieron otra opción. El presidente Obama lo hizo porque los Republicanos se rehusaron a legislar", dijo el experimentado senador.

Reid dijo esperar que "la administración apele esta decisión en la Suprema Corte, y confío en que la Suprema Corte determinará que las acciones del presidente son legales".

En la Cámara de Representantes, el legislador Luis Gutiérrez dijo que "la ley y el sentido común están tan claramente del lado del presidente que es apenas una cuestión de tiempo hasta que esas medidas sean plenamente implementadas".

Pili Tobar, portavoz de la organización Latino Victory Project, señaló que "es frustrante que políticos conservadores y antiinmigrantes sigan hiriendo a nuestras familias", pero expresó su convicción de que la decisión judicial "es un tropiezo pero no el fin del camino". (I)