El Gobierno argentino y el Grupo Clarín protagonizaron hoy un nuevo encontronazo por la aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales, después de que el mayor multimedia del país solicitara a la Corte Suprema de Justicia que retrase la entrada en vigor de la normativa más allá del 7 de diciembre.

En su alegato ante el máximo tribunal, el grupo Clarín solicitó que se "disponga preventivamente la prórroga de la medida cautelar aún vigente" hasta que haya un fallo de la Sala I del fuero Civil y Comercial Federal sobre la cautelar presentada por la empresa sobre la Ley de Medios.

El grupo argumenta que acude a la Corte Suprema para "remediar" su "indefensión y privación de justicia".

El ministro de Justicia, Julio Alak, salió al paso de la declaración del multimedia para denunciar que pretende conseguir "una cautelar eterna" y que "busca no cumplir" la Ley de Medios Audiovisuales aprobada hace tres años por el Congreso argentino.

Esa ley fija para los medios privados de difusión nacional un tope del 35 por ciento del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 por ciento de abonados en televisión de cable, diez licencias de radio, 24 licencias de televisión por cable y una de televisión por satélite.

Según un informe de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Clarín debería desprenderse de más de 200 licencias de televisión por cable, donde posee el 58,61 por ciento de los abonados y también desinvertir en radio y televisión analógica.

El Gobierno ha anunciado que cuando venza la medida cautelar, el próximo 7 de diciembre, sacará a concurso público las licencias que excedan el máximo permitido de los grupos que no se hayan adecuado de forma voluntaria a la ley.

Clarín sostiene que no desinvertirá y considera que la normativa contiene artículos elaborados como "un traje a medida" con el objetivo de "desguazar" al mayor grupo multimedia del país. EFE