El nuevo acuerdo de paz suscrito por el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el pasado sábado, está destinado a recorrer un camino plagado de escollos políticos antes de que sea implementado por el presidente Juan Manuel Santos.

De entrada, el exmandatario Álvaro Uribe y su partido, Centro Democrático, principales promotores del ‘No’ al acuerdo de paz en el plebiscito del 2 de octubre, ya expresaron reservas y abiertas críticas al nuevo pacto firmado el sábado en La Habana, Cuba, y con ello anticipan que no lo respaldarán.

Esta negativa se dará, al parecer, a pesar de que tiene modificaciones importantes. De hecho, contiene precisiones, ajustes y cambios en 56 de los 57 puntos objetados por Uribe y otros dirigentes políticos, como el expresidente Andrés Pastrana y la excandidata presidencial conservadora Martha Lucía Ramírez.

En el punto de justicia, que era uno de los más criticados por los promotores del ‘No’, se desechó que entre los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hubiera extranjeros; se abrió la posibilidad de que los guerrilleros puedan ser acusados de narcotráfico, y se precisó que los jefes de las FARC responsables de delitos graves cumplirán sus condenas de entre 5 y 8 años de restricción de libertad en una vereda (zona de un municipio).

Además, en el nuevo acuerdo la guerrilla se compromete a entregar  una lista de sus bienes durante el período que dure la dejación de las armas, a fin de utilizarlos para reparar a las víctimas.

Lo que no contiene el nuevo texto son las dos principales exigencias del ‘No’: que los jefes de las FARC que hayan cometido delitos de lesa humanidad paguen sus condenas con prisión efectiva y que se les prohíba postularse a cargos de elección popular.

De acuerdo con las primeras reacciones del uribismo, estos dos aspectos serán el nuevo caballo de batalla de este sector político contra el pacto firmado el sábado pasado en la capital cubana por los jefes de los negociadores del gobierno, Humberto de la Calle, y de las FARC, Iván Márquez.

Horas antes de la firma, el presidente Santos se reunió con Uribe para explicarle los cambios y pedirle respaldar el nuevo acuerdo. El exmandatario y senador le pidió que este no fuera suscrito hasta que los voceros del ‘No’ lo estudiaran para plantear observaciones y solicitudes “de modificación”.

Pero Santos insistió en que la renegociación de los acuerdos no puede ser un asunto interminable y que, por el contrario, debe resolverse con prontitud. Esto, porque con el triunfo del ‘No’ en el plebiscito del 2 de octubre quedó en un limbo riesgoso el cese bilateral del fuego y el proceso de desmovilización y entrega de armas de la guerrilla.

También, porque el triunfo de Donald Trump en los comicios presidenciales de Estados Unidos fortalece la ultraderecha militarista en el país y el hecho crea un ambiente adverso a las negociaciones de paz en Colombia. El mandatario electo llegará a la Casa Blanca el 20 de enero.

Uribe, desde luego, no tiene ninguna prisa de lograr una paz definitiva con las FARC, mientras que Santos sabe que los tiempos juegan en contra de su principal plan de gobierno: lograr el fin de 52 años de guerra.

Por eso, al día siguiente del triunfo del ‘No’, que fue por un margen estrecho frente al ‘Sí’ -apenas 0.4 puntos porcentuales o 53.894 votos-, el presidente Santos convocó a un diálogo nacional con los opositores a los acuerdos del cual salieron unas 500 propuestas de cambios. Las propuestas fueron discutidas con las FARC en La Habana en la última semana y de esa negociación, que fue compleja, porque esa guerrilla de antemano dijo que nadie negocia la paz para ir a la cárcel y no participar en política, surgió el nuevo acuerdo.

El uribismo ya comenzó a mostrar sus objeciones. Ayer (domingo)  el senador de ese sector político  dijo que el nuevo pacto “habilita a criminales para ocupar curules gratis en el Congreso sin pagar penas de cárcel o privativas de libertad”.

El expresidente Andrés Pastrana y la excandidata presidencial conservadora Martha Lucía Ramírez dijeron que no emitirán una opinión hasta leer los textos con detenimiento.

La apuesta de Santos

El gobierno de Santos espera que con las modificaciones realizadas al acuerdo original este cuente con el apoyo mayoritario del país.

A juzgar por las primeras reacciones, el uribismo mantendrá sus críticas y no será parte del pacto nacional que busca construir el gobierno en torno al acuerdo firmado el sábado en La Habana.

Pero lo que es un hecho es que este pacto contará con el respaldo de la mayoría. Los grupos cristianos se opusieron al acuerdo original por el supuesto de que promovía la “ideología de género” quedaron conformes con las precisiones que se hicieron sobre ese punto.

En el nuevo texto quedó estipulado que hay un “enfoque de género” que significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno.

El presidente de la Confederación de Libertad Religiosa, de Conciencia y Culto, Héctor José Pardo, dijo que con esos ajustes el grueso de las iglesias cristianas apoyarán el nuevo acuerdo de paz.

Pardo estima que en Colombia hay unos 10 millones de cristianos y que el 60% de quienes votaron en el plebiscito fue por el ‘No’. Por eso, su respaldo al nuevo pacto de paz resulta fundamental para el gobierno y las FARC.

Pero ese nuevo acuerdo deberá ser refrendado, y para ello el presidente Santos dispone de tres mecanismos: un nuevo plebiscito -cuya preparación requiere tiempo-, a través del Congreso, o mediante la celebración de cabildos abiertos en los municipios del país.

Lo más probable es que el presidente opte por la vía legislativa. En el Congreso, su coalición política cuenta con mayoría y el uribismo tiene alrededor del 18% de las curules del Senado y la Cámara, con lo que puede dar el debate y exponer sus puntos de vista.

En el debate político que se avecina será crucial el peso de la opinión pública, que mayoritariamente quiere la paz, y de la comunidad internacional, que ya expresó su apoyo al nuevo acuerdo con las FARC. Desde Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Latinoamérica en pleno manifestaron su respaldo al pacto. Si bien las FARC no aceptaron todas las peticiones de los sectores del ‘No’, sí cedieron en varios puntos que consideraban inamovibles.

Iván Márquez, jefe de negociadores de la guerrilla, dijo que se modificó un 65% la jurisdicción para la paz, un 90% el tema de género y que se aplicaron más de 100 cambios al acuerdo de desarrollo rural.

Entre estos destacan que se aplicará en un plazo de 15 años, en vez de 10, para aliviar la carga fiscal que representará su ejecución, y que se hace explícito que se respetará la propiedad privada en el campo al aplicar la reforma agraria.

Márquez sostuvo que las FARC cedieron “hasta los límites de lo razonable”.

La guerrilla estuvo de acuerdo en que miembros del grupo armado no puedan aspirar a las 16 curules que habrá en la Cámara para las zonas afectadas por el conflicto. También aceptó que se disminuyan las ayudas económicas que se dará al partido político que conformarán. Los aportes para su funcionamiento se reducirán el 30% frente a lo que se había pactado originalmente.

Santos dijo que tras el resultado del plebiscito del 2 de octubre, cuando triunfó el ‘No’, Colombia tenía la opción de paralizarse y quedar en la incertidumbre o convertir ese hecho “en una gran oportunidad para unirnos alrededor del deseo de paz expresado por todos, independientemente de si votamos ‘Sí’ o ‘No’ ese día”.

Afirmó que como mandatario optó por el último camino y por lograr “un acuerdo renovado, ajustado, precisado y aclarado, que debe unirnos, no dividirnos”. (I)