A seis días de la celebración de las elecciones presidenciales, el ambiente político está al rojo vivo en Perú. Tras la difusión de las últimas encuestas, en las que Keiko Fujimori parece inamovible para la segunda vuelta con el 33% de aceptación popular, las tendencias para determinar cuál, de los 9 candidatos restantes a la presidencia, será su contrincante apuntan a una definición cerrada, voto a voto, entre Pedro Pablo Kuczynski (16%), Verónica Mendoza (15%) y Alfredo Barnechea (8%).

La atención popular se centró, bajo esta expectativa, en la intervención que los candidatos en el debate nacional, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la noche del pasado domingo.

Con un auditorio repleto, los diez candidatos en carrera padecieron la falta de tiempo como un efecto directo de la mecánica del evento. Divididos en 5 parejas, los presidenciables tuvieron apenas dos minutos para exponer sus planes de gobierno, treinta segundos para hacer un comentario o una pregunta al candidato con el que debatían, y un minuto y medio adicional para responderla. Al final, se sumaron dos minutos para un mensaje de conclusión a los votantes.

Previo al evento se había especulado que, por el limitado tiempo, el debate organizado por el JNE contaría con menos candidatos de los esperados. Pero no. Llegaron todos y desplegaron en ese margen de tiempo sus mejores estrategias para hacerse con la atención electoral. Los ojos de los votantes, sin embargo, pusieron atención en los principales candidatos. Así fue como vieron a una Keiko Fujimori, dueña de una seguridad absoluta, respondiendo preguntas que apuntaban a recordarle su falta de experiencia para dirigir la administración pública, así como los casos de corrupción y violencia vinculados al gobierno de su padre.

Al momento de dar el mensaje final, Fujimori realizó la firma de lo que denominó un “compromiso de gobernabilidad”, documento en el que, entre otros enunciados, se comprometió a no favorecer, legalmente, a ningún miembro de su familia para que evada las responsabilidades que la justicia peruana considere convenientes. Una clara alusión a uno de los grandes “peros” que la persigue, a sabiendas de que, como presidenta, en el hipotético caso de ganar, podría dictar la libertad de su padre.

Fujimori estuvo acusada de presuntamente entregar dinero y ayudas económicas en los actos proselitistas el pasado 14 de febrero, pero el Jurado Electoral Especial rechazó las denuncias por considerarlas infundadas.

Las intervenciones de Kuczynski, Mendoza y Barnechea estuvieron matizadas por la calma y la claridad. Con los niveles de popularidad casi empatados, el PPK y Mendoza sabían que esta era la oportunidad de marcar tendencia. Y no la desaprovecharon. Sin ataques, cada uno defendió sus posiciones, poniendo sobre el tapate temas de seguridad ciudadana, renegociación de concesiones mineras y gasíferas, así como la ineludible necesidad de diversificar las materias de exportación del  país.  

Un capítulo aparte vivió el exmandatario Alan García (5% de apoyo popular), quien debatió con Fernando Olivera, uno de sus más fervientes detractores. El encuentro, parodiado en las redes como la lucha entre David (Olivera) contra Goliat (García), permitió al primero increparle por la serie de denuncias de corrupción, así como por los sonados casos de violencia y maltrato a los ciudadanos de distintas regiones del país, en el segundo gobierno de García, quien, cansado y molesto, escuchó en silencio esas acusaciones, restándoles importancia a la hora de responder.

Superado el debate, los candidatos parecen dirigir todas sus fuerzas a los cierres de campaña. Fujimori lo hará en Lima, a mediados de semana, mientras Mendoza regresará a su natal Cusco para dar por concluida esta etapa.

El 10 de abril, los casi 23 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al presidente de Perú, dos vicepresidentes, más de 100 congresistas y los parlamentarios andinos del período 2016-2021. (I)

Postulante sale de la cárcel para participar en debate

Un candidato presidencial preso de forma preventiva por supuestos actos de corrupción salió de la cárcel el pasado domingo, por varias horas, en un acto sin precedentes en Perú, para intervenir en un debate con sus rivales.

Gregorio Santos, de 49 años y exgobernador de la región Cajamarca, salió de una cárcel capitalina resguardado por la Policía y fue trasladado al centro de convenciones de Lima, donde se realizó el debate presidencial. A medianoche retornó a la prisión.

El gobernador regional se convirtió desde 2011 en una piedra en el zapato para la gestión del presidente Ollanta Humala al oponerse a un millonario plan de la minera estadounidense Newmont, que busca extraer unas 200 toneladas de oro de los Andes en la región Cajamarca.

Fue encarcelado de forma preventiva en junio de 2014 y la Fiscalía pide una sentencia de 24 años de cárcel por presuntos delitos de corrupción.

Pese a estar en prisión preventiva fue reelegido en noviembre gobernador regional de Cajamarca, pero en 2015 perdió el cargo al no poder juramentar porque continuaba preso.

No obstante, a inicios de este año se postuló a la presidencia del país por el partido Democracia Directa y tiene el 3,1% de intención de voto, según sondeos. (I)