A una semana del truncado 7D, el gobierno de Cristina Fernández tuvo el 14 de diciembre -ahora llamado 14D- un primer alivio en el laberinto judicial que mantiene cercada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual promulgada en octubre de 2008.

“Es constitucional y no afecta la libertad de expresión”, sintetizó en su dictamen del último viernes el juez subrogante Horacio Alfonso en la primera sentencia de fondo sobre la Ley de Medios. La norma, aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación no pudo ser aplicada en forma plena porque una acción judicial iniciada por el Grupo Clarín mantenía congelados dos artículos clave desde 2009.

Uno de esos ítems, el 45, establece una cantidad límite de licencias, mientras el otro, el 161, un plazo para adecuarse a la norma.Alfonso no falló de buena gana. Lo hizo contrarreloj, tras una batalla de recusaciones de magistrados que lo obligaron a hacerse cargo de la causa judicial más caliente del país. Su sentencia del 14D se derivó de la fuerte presión ejercida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

El máximo tribunal le había ordenado tres semanas atrás fallar de forma inmediata. Tras la sentencia, Clarín anunció el viernes que apelará ante la Cámara en lo Civil y Comercial. Este tribunal superior extendió el 6 de diciembre la medida cautelar otorgada al multimedios y ahogó los festejos que el gobierno nacional tenía preparados para el día siguiente, el 7D, cuando precisamente vencía ese recurso por orden de la Corte.El consenso de juristas indica que será precisamente la Corte Suprema la que terminará decidiendo sobre la Ley de Medios, sin fecha a la vista.  

Sin embargo, esta colosal pulseada legal y demostraciones de poder entre uno de los multimedios más importantes de América Latina y el gobierno de un país, ha echado sombra sobre el alcance general de la mencionada ley. La aplicación plena de la norma desmembrará al Grupo Clarín, pero este es solo uno de los 20 medios o multimedios de comunicación que deben adecuarse en todo el país, algunos de los cuales han comenzado a utilizar artilugios para cumplir con la normativa, lo que desvirtúa la esencia de la ley.

Es claro que Clarín será el más afectado por las imposiciones normativas. Según un informe de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), al que tuvo acceso El Telégrafo, el holding se encuentra en infracción del artículo 45 en los siguientes puntos: participación del mercado, exceso nominal de licencias a nivel nacional y a nivel local, e incompatibilidades cruzadas con señales a nivel nacional y a nivel local. Clarín tiene un alcance de casi 42 por ciento de la población en radio, 39 por ciento en televisión abierta y 59 por cable, cuando el máximo es 35 por ciento para todos los casos.

Deberá desprenderse de 213 de las 237 licencias de TV por suscripción que posee y de 5 de las 15 que tiene con uso del espectro radioeléctrico.Pero Clarín no es el único grupo de medios en infracción bajo el rigor de la nueva Ley de Medios.  Dos holdings que apoyan las políticas oficiales no cumplen con la norma. El primero es el grupo español Prisa, que tiene un alcance de 43 por ciento de la población en radio. El otro, el argentino Grupo Uno, que alcanza 37,6 por ciento en radio y 37,5 por ciento en televisión abierta, y que deberá desprenderse de 18 licencias con uso del espacio radioeléctrico y 25 de televisión por suscripción. 

Además, por condiciones de admisibilidad, Afsca debe obligar a otros medios, entre estos también a Prisa y a Uno, a adecuarse a la ley. La empresa Pampa Difusora tiene entre sus socios a un ex funcionario de la última dictadura militar y a una actual funcionaria pública, lo que está prohibido por los artículos 24 a 31 y concordantes de la nueva norma. Nuevamente el Grupo Uno entra en colisión con lo que manda la ley ya que posee participación o vinculación societaria con una empresa prestataria de servicio público en el sector energético en la provincia de Mendoza.

El Grupo Prisa también deberá adecuarse a estos artículos de la ley, ya que a través de su vinculación societaria se relaciona con tres empresas licenciatarias de medios, algo limitado para compañías de capital extranjero. Varios grupos en infracción presentaron su plan de adecuación voluntaria, varios de ellos cediendo licencias a familiares, algo que no está prohibido pero que ha llamado la atención de los que interpretan el espíritu de la Ley de Medios. Será la Afsca la que deberá resolver estas situaciones.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene el objetivo manifiesto de democratizar los medios de comunicación y desmonopolizar su propiedad, una intención que el gobierno dice que ha sido bloqueada en la justicia. Sin embargo, el fin de la disputa judicial en los tribunales argentinos será solo el principio de un camino que se vislumbra pedregoso para alcanzar lo que la ley propone. Porque al fin y al cabo, como suele decirse, a “problemas argentinos” surgen “soluciones argentinas”.