Argentina vive hoy una paradoja. Quiere pagar su deuda externa reestructurada, pero no la dejan. En teoría está en ‘default técnico’. Y aunque esta definición asuste a muchos, la situación está muy lejos de ser igual a la de 2001, cuando el país entró en la mayor cesación de pagos de la historia. Pero la alarma no se apaga y el Gobierno está en una difícil coyuntura política.

Un fallo del juez estadounidense Thomas Griesa obligó al país sudamericano a pagarle $ 1.330 millones a fondos de inversión (conocidos como ‘buitres’) que poseen bonos de deuda en default que no entraron en los canjes de los años 2005 y 2010. Pero si el Gobierno acata el fallo abrirá una caja de Pandora, ya que una cláusula de los acuerdos de reestructuración obliga al Estado argentino a igualar cualquier pago superior hecho a tenedores de bonos que se negaron a entrar en ambos canjes. La cláusula vencerá a fin de año. Si Argentina paga, los bonistas reestructurados tendrán derecho a reclamar unos $ 15.000 millones. Hasta ahora, todas las negociaciones abiertas con los ‘fondos buitre’ fracasaron y el futuro es una incógnita mayúscula.

“El escenario actual es muy complicado”, dice Alejandro Olmos Gaona, un experto argentino en esta materia y crítico del manejo oficial que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha hecho con la deuda externa. Su fallecido padre, Alejandro Olmos, considerado el mayor experto en deuda externa argentina, fue el autor de la más exhaustiva investigación sobre el origen ilícito del endeudamiento externo. Su estudio llegó a la justicia y un juez llegó a fallar sobre la ilegalidad de esa deuda.

Alejandro Olmos hijo ha participado en la auditoría hecha sobre la deuda ecuatoriana y ha asesorado al presidente Rafael Correa. En entrevista con EL TELÉGRAFO advierte sobre el riesgo de que Argentina entre “en el sistema perpetuo de la deuda, donde no se sale nunca”.

¿Por qué nadie se atreve a investigar el origen de la deuda pública argentina?
Porque los dos partidos mayoritarios que se sucedieron en el poder desde 1983 (la Unión Cívica Radical y el partido justicialista/peronista) refinanciaron la deuda de la dictadura y siguieron contrayendo deuda, en muchos casos en peores condiciones de contratación. Además, como la mitad de la deuda es deuda ficticia de empresas privadas nacionales y extranjeras, nadie se atreve a enfrentar a estos empresarios y reclamarles lo que el Estado ha pagado por ellos.

¿Cuál es la solución que usted avizora en este conflicto?
No hay solución mientras sigamos contrayendo deuda nueva para pagar deuda vieja. Es entrar en el sistema perpetuo de la deuda, donde no se sale nunca.

¿Se corre el riesgo de  simplemente ‘resetear’ el panorama solo para volver a empezar un sistema que viene pervirtiendo el desarrollo del país desde la dictadura?
Seguramente, ya que siempre se tomaron resoluciones coyunturales, pateando las soluciones para adelante. En este momento, a pesar de las reestructuraciones de 2005 y 2010, tenemos deuda a pagar hasta 2089. Se están pagando $ 10.000 millones de intereses anuales y el Gobierno se está endeudando en otros $ 10.000 millones porque refinancia y no puede pagar el total de las obligaciones.

Usted asesoró al presidente Rafael Correa en materia de deuda externa, ¿cuáles son las similitudes y cuáles las diferencias entre ambos países?
Yo no lo asesoré específicamente, sino que después de trabajar un año en la auditoría, me llamaron para colaborar con el Presidente y con la Ministra de Finanzas. Fue así que preparé todos los informes para los abogados externos de Ecuador, hice sugerencias y, además, presenté el informe final de la auditoría, mostrando ese descomunal fraude. A través de ello y de mis investigaciones pude comprobar que los procesos de endeudamiento fueron iguales, que los contratos eran idénticos, también los acreedores. Todo surgía de una misma matriz, llegando al extremo que los procuradores del Estado en Ecuador y Argentina emitieron dictámenes sobre la validez de los contratos que les prepararon los acreedores.

¿Por qué nunca se pudo aplicar el fallo del juez Jorge Ballesteros, a raíz de una investigación de su padre, que dictaminó la ilegalidad de la deuda generada por la dictadura y que aun hoy el país sigue pagando?
Porque el juez cometió el error de enviar su sentencia al Congreso para que se ocupara de las responsabilidades políticas y viera cómo se podía renegociar de otra manera. Se olvidó de algo fundamental, que fue decretar la nulidad de las más de 480 operaciones ilegales evidenciadas, conforme las normas de derecho civil y el derecho administrativo.

¿Usted se acercó al Gobierno argentino para asesorarlo en este tema? ¿Cuál fue la respuesta?
Solo le preparé un largo informe a la Presidenta de la nación y le hice mención que su amigo Rafael Correa había ordenado una auditoría con muy buenos resultados, que había elementos en la justicia a través de mis denuncias y las de mi padre para cuestionar todo el proceso de endeudamiento. Me respondió amablemente que valoraba mucho las investigaciones, pero nada podía hacer porque el Congreso nada había hecho.

En general, ¿considera acertada o negativa la política iniciada por el gobierno kirchnerista en materia de deuda externa desde 2003 a la fecha? ¿Cuáles son los aspectos positivos y cuáles los negativos de esta política?
Se trató no de un arreglo total sino de una política de coyuntura donde prácticamente no hubo una quita sustancial, ya que lo que se redujo del valor nominal de los bonos se les devolvió a través del cupón atado al (crecimiento del) PBI y la indexación por el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia, un índice de ajuste diario elaborado por el Banco Central que refleja la evaluación de la inflación) de otros bonos. No veo aspectos positivos porque se produjo un desendeudamiento externo sobre la base de un endeudamiento interno. Se utilizaron los fondos que garantizaban los dineros de los jubilados para pagarle a los acreedores extranjeros. Se prefirió cumplir con el sistema financiero, perjudicando a los sectores más vulnerables.

¿Cómo ve el escenario actual por esta situación generada por el fallo del juez estadounidense Thomas Griesa que ordenó pagarle a los ‘fondos buitre’? ¿Es acertada la postura del Gobierno? ¿Cómo se sale de este entramado?
El escenario actual es muy complicado porque el Banco Central tiene solo $ 15.000 millones de reservas netas, una deuda cuasi fiscal de $ 24.500 millones, un patrimonio neto real negativo de $ 54.000 millones y hay obligaciones a pagar este año por $ 12.000 millones y $ 20.000 millones el año próximo. Es por eso que se arregló con (la deuda con) el Club de París, se pagaron juicios en el Ciadi y se pagó a Repsol (por la nacionalización de la petrolera YPF), para volver a tomar préstamos y así cubrir el déficit fiscal y seguir pagando la deuda vieja.
Respecto a lo de Griesa, el Gobierno se defendió mal y en reiteradas ocasiones, desde la Presidenta hasta los más altos funcionarios del Gobierno, repitieron que nunca se iba a cumplir ese fallo y que jamás se le iba a pagar a los ‘buitres’. Esto se reiteró en tres oportunidades. Griesa, que había favorecido con anterioridad a Argentina  rechazando medidas cautelares pedidas por los acreedores, se sintió menoscabado y asumió una posición más rígida. Los que hablan sin saber de ese fallo, desconocen que Argentina se sometió voluntariamente a esa jurisdicción, renunció a su inmunidad, se sometió a las leyes de Estados Unidos y, por otra parte, los bonos ejecutados son absolutamente legales. Que los holdouts quieran cobrar todo es lo que surge de los bonos y de la propia legislación de  Estados Unidos a la que Argentina se sometió.
Como el Gobierno va a terminar pagando tarde o temprano, tendrá que volver a endeudarse y así seguir el camino de la deuda perpetua. Esto es así no solo en Argentina, ya que ningún país se ha decidido a enfrentar al sistema financiero y ha hecho una auditoría de su deuda.
Solo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, se atrevió a eso y a negociar con los acreedores en otras condiciones.

ANTECEDENTES

En 1998 Argentina entró en recesión y debía pagar una deuda externa exorbitante que había contraído y a muy corto plazo.  

En 2001 impuso el ‘megacanje’ en el que cambió títulos de deuda que expiraban a corto plazo por otros que vencían a largo plazo y con intereses más altos.

El ‘megacanje’ no fue efectivo y en diciembre de 2001 el país declaró el cese de pagos de su deuda de $ 100.000 millones, un default.

En 2008, varios inversionistas compraron a muy bajo precio los títulos de la deuda en default que no entraron en un canje que ofreció Argentina en 2005.

Se les conoce como ‘fondos buitre’ porque compraron los títulos llamados ‘bonos basura’ y después reclamaron ante la justicia estadounidense cobrar el 100%