El 5 de marzo de 2013 sustituyó al político latinoamericano más carismático y controvertido del siglo XXI. Sin formación académica ni amplia trayectoria política asumió el reto de dirigir el otrora país más rico de Sudamérica.

Prometió convertir a Venezuela en una “potencia petrolera”, pero lejos de consolidar su desarrollo, el llamado “ungido” de Hugo Chávez es señalado de gestar la peor crisis económica y social de la historia reciente del país.

Tras seis años en el poder, a Nicolás Maduro lo cuestiona no solo la población -que durante su mandato vio cómo su poder adquisitivo se destruyó y sufren por la escasez de alimentos y medicinas-, sino también los gobiernos de América y Europa que abrieron un frente y lanzaron una batería de sanciones contra su Gobierno.

Muchos apostaban a que caería, pero este corpulento exchofer de bus, de 56 años, con negro bigote, demostró que está dispuesto a todo para perpetuarse en el poder.

Por ello inició ayer un segundo período presidencial de seis años desconocido por la oposición, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), Estados Unidos (EE.UU.) y el Grupo de Lima -de 14 países- que cuestionan su reelección en los comicios del 20 de mayo de 2018.

Promete que ahora sí habrá prosperidad, pese a que durante su primer período, el tamaño de la economía se redujo a la mitad y el país sufre una espiral hiperinflacionaria que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima llegue a 10’000.000% en 2019.

Su rechazo llega al 80%, según la firma Delphos. Sus adversarios afirman que sobrevive en el poder gracias a su autoritarismo.

Después de su reelección en mayo pasado, que ganó con el 67% del sufragio -seis millones de votos- y una abstención del 54% de 20,5 millones de electores, Maduro se concentró en ejecutar el llamado “plan de recuperación económica” para lograr “la prosperidad” que prometió durante la campaña.

El autodenominado “presidente obrero” es calificado de “dictador” por sus detractores, quienes además lo acusan de violar los derechos humanos, de limitar la participación en los comicios con prohibiciones electorales sobre sus adversarios políticos y de mantener en prisión a opositores.

También lo señalan por “acabar con el Estado de Derecho”, al considerar que las instituciones de Venezuela actúan bajo sus órdenes.

Una de esas supuestas órdenes fue la de despojar de sus competencias al Parlamento, de mayoría opositora, a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), órgano ante el cual juró ayer su nuevo mandato.

Maduro es igualmente señalado por impedir la “libertad de expresión”, pues en su administración cerraron 55 medios de comunicación, según el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS).

En su defensa, Maduro constantemente denuncia planes golpistas y se dice víctima de una “guerra económica” de Estados Unidos, Colombia y la oposición.

Con todo, sus colaboradores aseguran que el Jefe de Estado es un hombre sencillo y con “dotes de negociación” aprendidas durante su pasado sindicalista. Su entorno más cercano lo describe también como una persona sensible, sencilla, risueña, bastante metódica y que le gusta trabajar de noche.

Sobre Maduro, al que Chávez conoció cuando estaba en la cárcel de Yare -donde cumplió dos años de condena tras el fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992-, se cierne también un misterio, pues son poco certeros los datos correspondientes a su infancia y adolescencia.

El mandatario pocas veces habla de sus padres y dice que ambos fallecieron. Un sector de la oposición afirma que nació en Colombia, lo que lo imposibilitaría para ser presidente, pero hasta ahora nadie presenta pruebas al respecto.

Está casado con Cilia Flores, quien también ocupó altos cargos públicos como el de procuradora general y presidenta de la Asamblea Nacional, y es tía de dos hombres que fueron condenados en 2017 por cargos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos.

Como pareja presidencial no tienen hijos, pero sí los tuvieron de relaciones anteriores.

El hijo del jefe de Estado, Nicolás Maduro Guerra, de 28 años, ocupa un escaño en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por varios gobiernos. (I)