Más de 700 personas que fueron encarceladas en 2018 en Nicaragua por protestar contra el presidente Daniel Ortega salieron de prisión este año. La medida se dio como parte de una negociación entre el gobierno y la oposición.

No obstante, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que muchos de los liberados sufren amenazas de paramilitares, asedio de la Policía, retención migratoria y que varios fueron recapturados.

“Hay un hostigamiento permanente a los expresos políticos porque Ortega pretende destruir su liderazgo”,  indicó  la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) al portal alemán DW.

Los principales organismos de derechos humanos  llaman la atención sobre el fenómeno, que atribuyen a una “nueva fase de la represión” para acallar la disidencia y evitar una nueva rebelión cívica.

La Cenidh sigue trabajando con mínimos recursos, pues fue intervenido y saqueado por la Policía en diciembre, cuando Ortega clausuró nueve ONG a las que acusó de “terroristas”.

Núñez explicó que el país vive “una nueva etapa de la represión”.

Edwin Carcache, Nahiroby Olivas y Chéster Navarrete,  líderes estudiantiles y exencarcelados, denunciaron asedio policial frente a sus viviendas en Managua.

A la par, Byron Estrada fue retenido y sometido a interrogatorios de oficiales de Migración en la frontera con Costa Rica. En este lugar también retuvieron, a mediados de agosto, a Olesia Muñoz, activista opositora de Niquinohomo, junto al líder gremial de los panaderos, Ermis Morales, según denunciaron a la prensa.

Mientras, la estudiante belga-nicaragüense, Amaya Coppens, que estuvo presa nueve meses, explicó que fue detenida por policías que, sin dar explicaciones, requisaron su vehículo; su casa en la ciudad de Estelí (norte) fue rodeada  por patrullas este mes.

Los hostigamientos ocurren a pesar de que todos los exprisioneros están amparados por una Ley de Amnistía, que el Parlamento dominado por los sandinistas aprobó a mediados de junio.

Otra situación que preocupa es el aumento de los asesinatos en zonas rurales de Nicaragua, especialmente de personas involucradas  en protestas en 2018. (I)