Hombre rocía gasolina a mujer y le prende fuego en Perú
Una mujer que trabaja como vendedora informal en la región Cajamarca, en el noreste de Perú, sufrió quemaduras graves luego de que un hombre le roció gasolina y le prendió fuego, informó la policía.
Juana Mendoza, de 31 años, fue atacada la noche del viernes 29 de junio cuando vendía comida en una calle cerca del local de la policía de tránsito. Ante los desgarradores gritos, fue auxiliada y trasladada a una clínica local, donde los médicos consideraron su situación de gravedad.
"La víctima resultó con quemaduras de consideración en la espalda", señaló la policía.
El agresor, un hombre de estatuara alta, huyó del lugar apenas escuchó los gritos de la víctima, según un vocero de la policía de Cajamarca.
Al verla en llamas varios transeúntes y miembros de la policía municipal la auxiliaron y consiguieron apagar el fuego.
Hasta el momento no se ha identificado al agresor, ni se conoce la relación que tiene con la víctima.
Este hecho se produce 28 días después de que una mujer muriera en Lima luego de que un hombre que la acosaba le prendiera fuego en un bus urbano, quemando el 60% de su cuerpo.
Eyvi Ágreda, de 22 años, atacada la noche del 24 de abril por un excolega que la acosaba por un amor no correspondido, fue sometida a varias operaciones pero su cuerpo no soportó las graves quemaduras. Murió por una infección generalizada, según los médicos.
La Defensoría del Pueblo reveló hace unos semanas que en el último año y medio se han registrado 19 ataques incendiarios a mujeres en Perú.
"En el primer trimestre de 2018 se incrementó en 10% el número de feminicidios y en 55% las tentativas en todo el país, respecto al año pasado", tuiteó la Defensoría del Pueblo, que exigió que "se tomen medidas urgentes ante el aumento de la violencia contra las mujeres.
El gobierno peruano creó el 8 de junio una comisión de emergencia para enfrentar el incremento de la violencia hacia las mujeres. Ese grupo, encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, tiene un plazo de 45 días para elaborar un plan de acción y los lineamentos de intervención, así como la protección efectiva de la víctimas. (I)