Los indígenas bolivianos anunciaron hoy que proseguirán su marcha hasta La Paz para asegurarse de que el proyecto vial que rechazan se suspende para siempre, mientras el presidente Evo Morales y sus colaboradores se acusaban unos a otros de la represión policial del domingo.

El presidente del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas, confirmó la decisión de seguir hasta La Paz para exigir a Morales la suspensión definitiva, y no solo temporal, de esa vía que financia Brasil.

"Con sinceridad, vamos a decir al pueblo boliviano que la marcha continúa. Sin embargo, antes tenemos que estar todos unidos como antes de la brutal acción que hizo el Gobierno contra nosotros", declaró hoy Vargas a los periodistas.

Para los amazónicos, el anuncio de Morales "ratifica" que el proyecto vial seguirá, porque solo planteó suspender las obras mientras consulta a las regiones por donde pasará la carretera, dijo a Efe otro dirigente del Tipnis, Adolfo Moye.

"Las comunidades indígenas hemos dicho que esa carretera no debe pasar por el Tipnis. Entonces, ¿para qué hará la consulta? No creemos en esta propuesta del Gobierno", agregó.

Vargas y otros líderes nativos fueron detenidos el domingo y liberados el lunes por la población de la localidad amazónica de Rurrenabaque, que impidió que la Policía enviara en avión a otras zonas a los marchistas.

Ante las protestas que generó la actuación policial contra la marcha, incluida la de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, que dimitió este lunes, Morales anunció la suspensión de la construcción mientras consulta a las regiones de Cochabamba y Beni, por las que está previsto que pase la carretera.

También renunció hoy, en rechazo a la represión de la marcha indígena, la directora de Migración, María René Quiroga, y el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, que ha sido señalado desde el Gobierno como el responsable de la represión.

Morales criticó a quienes renunciaron y dijo que "algunos pueden escapar" cuando hay problemas, pero que su "mejor compañía" son las organizaciones sociales que le respaldan, aunque las encuestas muestran un deterioro constante de su apoyo popular.

La vía de la discordia, de unos 300 kilómetros, atraviesa el Tipnis, reserva natural de 1,2 millones de hectáreas, y es construida desde junio por la empresa brasileña OAS, a un costo total de 415 millones de dólares.

El domingo medio millar de agentes atacaron con gases y porras el campamento de los indígenas cerca del pueblo de Yucumo, a más de 300 kilómetros de La Paz, amordazaron a los dirigentes de las etnias amazónicas y a mujeres, y trasladaron por la fuerza a decenas de ellos en autobuses y camionetas a pueblos vecinos.

Aunque Morales, de origen aimara, compareció finalmente en televisión a última hora del lunes, para afirmar que no ordenó la represión violenta y que frenaba el proyecto, las protestas siguen hoy en varias ciudades, con huelgas y marchas.

El mismo Morales, que ha visto afectada su imagen de indigenista y ecologista con este conflicto, según reconocen fuentes oficiales, dijo que la represión fue "imperdonable".

Los ministros de Gobierno, Sacha Llorenti, y de la Presidencia, Carlos Romero, tampoco reconocieron responsabilidad alguna y culparon de los excesos a los policías y al viceministro Farfán, que renunció pero no acepta la culpa.

"Ese operativo que se llevó adelante en proximidades de Yucumo el domingo no contó con la instrucción del presidente ni tampoco con la orden del ministro de Gobierno", dijo Llorenti.

Él y Romero agregaron que Farfán dimitió para someterse a una investigación sobre lo sucedido.

La acusación a Farfán es la segunda versión de Llorenti en 24 horas sobre la brutal actuación de la policía, ya que el lunes dijo que los agentes actuaron por instrucción del Ministerio Público, lo cual negó el Fiscal General, Mario Uribe.

En la carta de renuncia de Farfán, difundida hoy por radio Erbol, él también critica la actuación de la Policía, pero agrega que no respondió a una orden suya ni del Gobierno.

Entretanto, el líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), el centroizquierdista Juan del Granado, aliado de Morales hasta el año pasado, anunció hoy dos juicios contra el Gobierno por la firma supuestamente "irregular" del contrato con OAS y por la violenta intervención policial.

Siguen sin aclararse las versiones de asociaciones indígenas, medios informativos e incluso los obispos de la iglesia católica sobre muertos, heridos y desaparecidos.