La puerta negra de uno de los dormitorios de la escuela rural de Ayotzinapa (México) está sellada y sus paredes rojas lucen desoladas. Diez de sus ocupantes están entre sus 43 estudiantes desaparecidos y otros cinco huyeron por miedo.

Ernesto Guerrero, un alumno de 21 años que se hace llamar ‘Comandante Malboro’, sobrevivió al brutal ataque de policías y sicarios del narcotráfico en el que desaparecieron sus 43 compañeros el 26 de septiembre en Iguala, una ciudad a 130 km de la escuela.

Guerrero, uno de los cinco estudiantes que quedan de este dormitorio, se siente orgulloso de permanecer aún en esta escuela de magisterio de ideología revolucionaria. Pero, igual que sus otros colegas de cuarto, cada noche busca un rincón en habitaciones de otros compañeros para no regresar a su solitario dormitorio.

De los 140 estudiantes de primer nivel de Ayotzinapa, 110 están ausentes: los 43 desaparecidos y 67 más que desertaron por temor.

“Mis padres me han dicho que me vaya a la casa. Prefieren que me quede sin estudiar a que me maten por ahí”, dice Ernesto, parado frente a su dormitorio, pintado por ellos de rojo comunista con imágenes de Karl Marx y el ‘Che’ Guevara.

En ese cuarto, que bautizaron ‘La Casa del Activista’, sus habitantes recibían ‘orientación ideológica y política’, manifiesta hermético, sin descubrir al enseñante.

“Cuando nos íbamos a dormir unos estaban con música, otros bromeando, cantando, leyendo en el círculo de análisis. Estábamos compartiendo ideas, pues”, recuerda este joven, que hasta agosto pasado empuñaba un fusil como miembro de un grupo de milicias de autodefensa comunitaria.

“Algunos ‘compas’ se van”

Además de su objetivo de ser profesor rural, Ernesto dice tener la misión de impedir a toda costa el cierre de la escuela de Ayotzinapa y de una docena de centros similares en el país, que son parte de una federación de estudiantes campesinos.

En esa misma escuela se formaron los líderes guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Estas aulas son el último reducto de un proyecto educativo para el campo creado al término de la Revolución Mexicana de inicios del siglo pasado.

Los alumnos de estas escuelas públicas y radicales están acostumbrados a exigir con métodos contundentes, incluso violentos, que el Gobierno las mantenga vivas.

La noche de los ataques, los 43 estudiantes se habían apropiado de varios autobuses en Iguala para regresar a Ayotzinapa. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, vinculado con un cartel narcotraficante, ordenó el ataque porque temía que los jóvenes fueran a boicotear un acto público de su esposa, según la Fiscalía.

Las familias de los 43 desaparecidos obtuvieron el miércoles el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto para ‘redignificar’ a estas escuelas.

“Yo, con mis camaradas, he convivido y he llorado, hemos comido juntos, hemos tomado. Veo que algunos ‘compas’ se van, se van, no sé por qué se van, pues tienen miedo. Aquí nos dijeron que aquí somos hermanos”, expresa otro decepcionado estudiante de 25 años, que aún no sabe de dónde cogió fuerzas para escapar de los ataques de Iguala con una rodilla herida de bala.

La CIDH evalúa cómo ayudar en las pesquisas

La preocupación por la desaparición de 43 estudiantes en México alcanzó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que está evaluando dar su asistencia técnica a las autoridades mexicanas en las pesquisas.

El caso, que conmociona a México y a la comunidad internacional, se sintió a lo largo de las sesiones a las que fue convocado el Gobierno mexicano en la sede de la CIDH en Washington.

“Exigimos justicia para los 43”, dijo Pilar Tavera, de la organización Propuesta Cívica.

México había solicitado la primera sesión de la jornada para mostrar sus avances normativos, en especial su programa de derechos humanos publicado en abril de este año. “El enorme reto ahora es lograr su implementación”, dijo la subsecretaria de la Gobernación (Interior), Lía Limón.

Más enfocados en las fallas del Estado mexicano, los activistas denunciaron la desaparición de los estudiantes, cuyo paradero aún se desconoce.

La noche del jueves los comisionados del organismo para México, James Cavallaro, y Rosa María Ortiz, se reunieron en Washington con ONG mexicanas y delegados del gobierno de ese país para evaluar la solicitud de que la CIDH otorgue asistencia técnica a las pesquisas que se realizan para hallar a los estudiantes y castigar a los responsables.

El secretario ejecutivo de la Comisión, Álvarez Icaza, indicó que una propuesta plantea crear un equipo integrado con expertos de la CIDH y Naciones Unidas, pero no hay aún un plan definido.