El ministro británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, uno de los políticos que aspira a reemplazar a la primera ministra saliente, Theresa May, señaló que no se opondrá a la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a EE.UU. si es elegido para liderar el Gobierno británico.

La extradición de Assange fue solicitada por el Departamento de Justicia del país norteamericano después de que el activista fuera expulsado de la Embajada ecuatoriana en Londres y arrestado por las autoridades británicas en abril.

"Tendríamos que seguir nuestros propios procesos legales, de la misma manera que EE.UU. tiene que seguir sus propios procesos legales. ¿Pero querría interponerme en el camino para que Julian Assange se enfrente a la justicia? No, no lo haría", dijo al programa 'Face The Nation' de la cadena CBS.

El político conservador dijo que lo que le ha ocurrido al fundador de WikiLeaks en las últimas semanas es "lo correcto".

"Julian Assange es alguien que presuntamente ha cometido delitos muy graves que presuntamente provocaron la muerte de personas. Y por eso es absolutamente correcto que se enfrente a la justicia, y no tiene más razones para escapar de la justicia que otras personas que supuestamente hayan cometido crímenes", destacó Hunt.

Por su parte, el relator especial de la ONU sobre tortura, Nils Melzer, quien visitó a Assange a primeros de mayo, denunció que este ha sido sometido a torturas psicológicas.

Melzer también acusó al Reino Unido, EE.UU., Suecia y Ecuador por su "incesante y desenfrenada campaña de acoso público, intimidación y difamación" en contra de Assange.

Actualmente, el fundador de WikiLeaks se encuentra preso en la cárcel de Belmarsh, en el sudeste de Londres. El pasado miércoles, Assange fue trasladado al área de salud de Belmarsh a causa del significativo deterioro de su salud.

La Corte de la Corona de Southwark lo condenó a 50 semanas de reclusión por las presuntas violaciones de los términos de libertad condicional que cometió tras asilarse en la Embajada de Ecuador en Londres.

El pasado 23 de mayo, el Gobierno estadounidense le imputó 17 nuevos cargos que incluyen, entre otros, la violación de la Ley de Espionaje, por lo que el activista podría enfrentar hasta 175 años en prisión en caso de ser extraditado al país norteamericano. Las imputaciones se suman al cargo de conspiración anunciado por Washington justo después del arresto del activista australiano. (I)