Dos muertos y 15 heridos registran las violentas manifestaciones en Honduras. Los grupos sociales exigen mejoras en la educación y salud, además de la salida del poder del presidente Juan Orlando Hernández.

Luego de la confirmación de las víctimas reportadas por Isis Alvarado, portavoz del Departamento Médico Legal del Ministerio Público, el presidente Hernández ordenó la militarización de todo el país.

Sin embargo, según el diario local El Mundo, hasta ayer continuaban los bloqueos de carreteras con neumáticos encendidos, piedras y palos en la capital y otras ciudades.

Algunos dan su apoyo  a la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación Pública, que mantiene la alternativa del diálogo. Otros apoyan el paro de transporte de carga pesada, que dejó sin carburantes por más de 24 horas a la mayor parte de las gasolineras de la capital.

Los conflictos se agudizaron el pasado miércoles con el paro de los policías, al tiempo que los manifestantes aumentaron el tono de las protestas. En la capital se registraron saqueos de una decena de negocios.

La crisis
El presidente Hernández convocó el jueves a una reunión del Consejo de Seguridad, integrado por los líderes de los tres poderes del Estado, Fuerzas Armadas y Policía, para adoptar acciones contra las protestas.

Luego de terminar el encuentro, anunció el despliegue de las Fuerzas Armadas para impedir bloqueos en las carreteras y proteger la propiedad privada y pública.

Miles de médicos y docentes, apoyados por estudiantes y habitantes, iniciaron ese movimiento para reclamar por dos decretos gubernamentales que, a su criterio, privatizan la salud y la educación.

Los gremios y el Gobierno rechazan cualquier intento de privatización, por lo que han emprendido diálogos por separado para elaborar propuestas de mejoras de los dos servicios en Honduras.

En las universidades tampoco hay clases.

Los policías terminan su huelga
Las fuerzas especiales de la Policía anunciaron que lograron un acuerdo con sus jefes para retomar sus labores ante la emergencia.

La Policía se paralizó desde la noche del martes hasta el jueves. Ellos también protestaron por las jornadas laborales extenuantes que afrontan desde el inicio de las manifestaciones, hace cerca de un mes.

En un acta firmada con la mediación del estatal comisionado de Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, el Ministerio de Seguridad se comprometió a establecer mejores “condiciones laborales” para los gendarmes, publicó el diario local El País.

Los cientos de policías de las fuerzas especiales antimotines denunciaron el “abuso de autoridad” de sus jefes, quienes los obligaban a reprimir las manifestaciones contra los civiles.

Se quejaron además de la “pésima comida” y de que los envían a misiones sin pagarles viáticos.

Según el acta, el Ministerio se comprometió a “garantizar” el respeto de los derechos humanos a las personas que participen en manifestaciones.

También a “equipar” las cocinas, dar uniformes y botas a los efectivos, capacitarlos sobre sus derechos y evitar represalias contra los dirigentes del movimiento.

El comisionado de Derechos Humanos informó que dará seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. (I)