Miles de personas acompañaron a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el segundo aniversario de su desaparición forzada.

Estudiantes, trabajadores y muchas familias volvieron a poblar las calles por esa causa como no ocurría desde hace un año. Con carteles, algunas banderas y consignas anduvieron en un peregrinar cargado de frustración y tristeza.  

“Yo soy la madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza. No quisiera estar aquí pero en este lugar nos puso el maldito gobierno que se llevó a nuestros hijos”, se presentó Maricarmen Cruz, una mujer chaparrita que antes de la desaparición de los 43 trabajaba como empleada. Su vida se transformó por completo: ahora recorre el país para exigir justicia por Jorge Aníbal y sus compañeros, mientras batalla con algunas complicaciones en su salud.

Como ella, cada uno de los padres lleva 24 meses lejos del hogar y de sus seres queridos; han abandonado también trabajos y parcelas en el campo. Sobreviven apenas con las donaciones que les entregan otros ciudadanos.

“Han sido dos años en los cuales nos han ofrecido dinero por parte del Gobierno, pero no aceptamos y aquí estamos, seguimos siendo campesinos pobres”, dijo Epifanio Álvarez, quien marchó junto a su esposa Blanca Nava. Son los padres de Jorge Álvarez Nava, estudiante para maestro rural y aficionado a tocar la guitarra.

Hilda Legideño, madre del desaparecido Jorge Antonio Tizapa Legideño, también denunció muchos intentos de soborno para que cesaran en su reclamo: “nuestros hijos son seres humanos. No son objetos, no tienen precio como piensa el gobierno, que nos ha ofrecido dinero”.

Desde un escenario junto al Palacio Nacional, cada padre reclamó directamente al presidente Enrique Peña Nieto y a las autoridades en general. “La delincuencia organizada son ellos. Eso da mucha rabia porque nosotros les pagamos con los impuestos”, gritó Maricarmen Cruz.

En simultáneo a la marcha en la capital se realizaron otras en varias ciudades como Cancún, Guadalajara y Lázaro Cárdenas. Además hubo protestas en el extranjero y una de las madres, Cristina Bautista Salvador, encabezó la de Buenos Aires, Argentina. “Estamos cansados de las mentiras aquí (promovidas por el gobierno y algunos medios), por eso tenemos que salir a otros países”, explicó Epifanio Álvarez.

Los familiares agradecieron a quienes los respaldan pese a todo, dos años después, y les pidieron “sigan apoyándonos porque esta lucha no acaba”. La protesta concluyó sin incidentes, con el conteo del 1 al 43, después del grito unánime: ‘¡Justicia!’.

Un largo recorrido

Miles de kilómetros, tal vez gran parte de la superficie de México,   han transitado los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa en los últimos dos años. Marchas, charlas y protestas en la mayoría de los estados del país; incontables reuniones en la Procuraduría General de la República (PGR); y varias visitas a la residencia presidencial, aunque solo una vez los recibió Enrique Peña Nieto: no descansan desde que los normalistas fueron atacados y secuestrados por policías en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Andan con su dolor a cuestas. “Estoy flaco porque ahora me dio diabetes”, dice con resignación Margarito Ramírez, padre de Carlos Iván Ramírez Villarreal. Como él, todos arrastran nuevas enfermedades y complicaciones en la salud, a consecuencia de la angustia que los carcome. “Tener un hijo desaparecido   -explican- es estar muerto en vida”.

Pero su integridad pasa a segundo plano. “Moveré montañas para estar contigo”, dicen las camisetas que usan, y “hasta encontrarte” los carteles con rostros amados impresos en una lona que jamás abandonan.

“Hay un México antes y otro después de Ayotzinapa”, resume el intelectual Luis Hernández Navarro, coordinador de Opinión del periódico La Jornada.

Este hecho evidenció la colusión entre el Gobierno y el crimen organizado, mal presente en gran parte de la República. (I)

Antecedentes

Los 43 jóvenes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en Guerrero, cuando se apoderaban de autobuses para movilizarse y fueron atacados por policías de la localidad que los habrían entregado al cartel Guerreros Unidos.

La Fiscalía declaró que los jóvenes fueron asesinados por los criminales y después incinerados en el basurero de la vecina ciudad de Cocula y sus cenizas arrojadas a un río, porque los confundieron con miembros de un cartel rival.

Pero esa conclusión fue rechazada por un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró que no es científicamente posible que los estudiantes fueran incinerados en el basurero.