La nueva política del Gobierno estadounidense de Donald Trump de enviar ante jueces a inmigrantes a los que se les niegue una petición de estancia legal o ayuda pública, pone en riesgo de deportación a centenares de personas y se extiende a víctimas de violencia doméstica y de crímenes.

La medida también afecta sobremanera a los jóvenes hijos de inmigrantes, que prefieren renunciar a tener asistencia médica, carnet de conducir o recibir becas, por temor a implicar a sus familias en procesos de deportación.

De acuerdo con las directrices, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) emite desde este lunes avisos de comparecencia ante una corte de inmigración en siete categorías.

Entre los nuevos afectados están aquellas personas a las que se les negó una solicitud por supuestamente ser víctimas de trata de personas; cónyuges de refugiados o asilados; viudos de un ciudadano estadounidense; padres maltratados de un ciudadano estadounidense; o inmigrantes especiales, como trabajadores religiosos u organizaciones internacionales.

“Estos avisos son el inicio de un proceso de deportación. Lo que quiere el gobierno es dejar sin opciones a la mayoría de inmigrantes”, opinó el abogado de inmigración Álex Gálvez.

La implementación de la orden se inició el pasado 1 de octubre con el llamado a presentarse frente a un juez de inmigración a los solicitantes rechazados bajo las formas I-485 e I-539, que incluye a las peticiones familiares de residencia permanente y estudiantes autorizados que intentan cambiar de visa, pero el lunes pasado se amplió.

Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal), calificó esta nueva disposición como una “orden despiadada que está criminalizando a las víctimas”.

La activista consideró que la nueva política desalentará a las mujeres a presentar sus casos por miedo a ser deportadas.

Defensores de los inmigrantes como Anastasia Tonello, presidenta de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, sostienen que el Uscis arrastrará a miles de personas a salir de Estados Unidos, incluidos aquellos que han vivido y trabajado legalmente en ese país.

Expertos recomiendan no aceptar ningún tipo de ayuda del gobierno a menos que sea imprescindible. Y así lo hacen estudiantes que eligen entre “delatar” a sus familias o renunciar a tener educación superior.

Por proteger a su padre en situación irregular, Fernando (nombre protegido), de 21 años, no tiene carnet de conducir. Además, hace años que no tiene asistencia sanitaria. Básicamente es un ciudadano estadounidense, pero vive como si él también estuviera en situación irregular.

La historia de Fernando es un ejemplo de cómo las familias con algún miembro en situación irregular evitan cualquier contacto con el Gobierno, señala Univisión.

Según Tanya Broder, una abogada del Centro Legal Nacional de Inmigración, “estas familias desconfían de cualquier interacción con funcionarios porque temen que no se respete su privacidad y poner a un familiar suyo en peligro”.

Juez bloquea orden de Trump

Paralelamente, el juez federal de San Francisco, Jon Tiger, este martes 20 de noviembre emitió una orden de bloqueo temporal contra la medida aprobada por Trump, el 9 de noviembre, que prohibía las solicitudes de asilo a los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera con México.

Con la medida el presidente pretende frenar la caravana de migrantes que parte desde Centroamérica hasta la frontera México- EE.UU. La orden se extiende hasta el 19 de diciembre.

La ONU afirma que la caravana de migrantes es una “crisis humanitaria” de proporciones desconocidas. (I)