Mohammed Hafar recorrió la terminal del aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK), en Nueva York. Primero se dirigió al monitor para verificar la llegada de los vuelos, luego se fue a la tienda de regalos y, por último, esperó en la puerta donde salían los pasajeros internacionales.

Al final apareció Jana Hafar, su hija adolescente. La joven alta, delgada y de cabello oscuro se vio forzada a quedarse en Siria por la prohibición de viaje impuesta por el presidente Donald Trump.

Mientras tanto, Mohammed Hafar, su esposa y su hijo de 10 años iniciaron sus vidas en Bloomfield (Nueva Jersey) sin una idea clara de cuándo la familia volvería a estar junta de nuevo.

“Cada vez que hablaba con ella me preguntaba: ‘¿Cuándo me van a dar la visa?’”, relataba el anciano Hafar al recordar los días de incertidumbre que ocuparon la mayor parte de este año. No había “nada que pudiera decirle, porque nadie lo sabía”.

Finalmente la joven aterrizó en el aeropuerto JFK un día de diciembre, una prueba de la determinación de su padre de cumplir su promesa de que algún día se volverían a reunir y de cumplir su voluntad de llegar tan lejos hasta el punto de demandar al Gobierno en un tribunal federal.

Hafar, un ciudadano estadounidense naturalizado desde 1996 y nacido en Siria, vivía en ese país con su familia cuando estalló la guerra civil. Regresó a EE.UU. en 2012, suponiendo que podría transferir la ciudadanía a sus hijos al tiempo que solicitaba por separado a su esposa para que recibiera una tarjeta de residencia con el objetivo de que se convirtiera en residente legal permanente.

Su esposa recibió la tarjeta a principios de 2017, pero los problemas burocráticos obstaculizaron las transferencias de los niños, lo que le exigió que presentara peticiones de migrantes por ellos. En 2018, le dijeron que su hijo obtendría su visa, pero no se sabía cuándo se la daría a Jana.

En diciembre de 2017 entró el vigor la orden de la administración de Donald Trump de  prohibir el ingreso a EE.UU. de los ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Corea del Norte. Además de los representantes del Gobierno de Venezuela.

La Corte Suprema confirmó la prohibición en junio de 2018, en parte debido al sistema de exención prometido que permitiría que ciertas personas, con ciertos criterios, pudieran viajar a pesar de la prohibición.

Según el Gobierno, 28.100 solicitudes de visa de inmigrante se presentaron por personas que solicitaron exenciones para mudarse a Estados Unidos entre diciembre de 2017 y el 31 de octubre de 2019. De ellas, 11.325 fueron calificadas para exenciones mientras que 16.775 no.

Los defensores dicen que en el proceso para obtener una exención de prohibición de viaje hay muchos imprevistos, lo que provoca demoras para miles de ciudadanos estadounidenses que esperan a sus seres queridos.

“El sistema está en mal estado”, dijo Curtis Morrison, abogado de Los Ángeles que presentó demandas federales, incluida la de Hafar, contra la administración en nombre de docenas de demandantes de países afectados por la prohibición de viajar.

Muchos de los que representó recibieron visas. Pero consideró que la decisión de otorgar esas visas es injusta para miles de inmigrantes que no pueden demandar o no saben cómo llevar sus casos a los tribunales. (I)