Imagine que llega a una tienda a surtirse de algo que ya tenía vendido y se da cuenta de que perdió la mitad del dinero en el camino. Algo similar le ocurrió a México debido a la baja en el precio internacional del petróleo.

Es que el Estado mexicano, para su funcionamiento, depende en un 37% de los ingresos petroleros y estableció su presupuesto 2015 con base en un precio de $ 79 por barril. Al iniciar el año, el costo de la mezcla nacional ha descendido hasta rondar los $ 40, la mitad de lo previsto. ¿Qué tanto afectará esto al funcionamiento del país? Las respuestas son diversas.

Mientras expertos señalan que golpeará fuerte a sectores como gasto público y producción de hidrocarburos, el gobierno asegura que es una tormenta controlable.

“México está mejor preparado para hacer frente a este escenario. Pemex (Petróleos Mexicanos) también cuenta con mejores instrumentos para seguir adelante y superar estas demandantes condiciones”, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto al restar importancia a la situación.

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, admitió que “el reto en realidad no es 2015 (…) Realmente el reto importante para las finanzas públicas ocurre en 2016 y en adelante”. Ello porque México tenía previamente contratado un seguro para este ejercicio presupuestal, aunque podría resultar insuficiente porque la protección aplica hasta un costo de 79 dólares por barril y la barrera se ha superado ampliamente.

Debido a la coyuntura, el 30 de enero pasado se anunció un recorte al gasto público por 124.000 millones de pesos (unos $ 8.500 millones). Videgaray prometió entonces que se harán ajustes “de forma preventiva y responsable” sin incluir nuevos impuestos ni aumentos de precio.

Promesa que según expertos resulta imposible de cumplir, considerando que cada dólar que cae el precio del barril de petróleo disminuye la recaudación mexicana en unos $ 300 millones, según datos del periódico estadounidense Financial Times.

Habrá más ajustes, opina Sergio Benito Osorio, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y exlegislador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). “Estamos considerando que pudiera haber alrededor de 3 recortes al presupuesto. Como hay elecciones en el mes de junio, es posible que se esté administrando el momento”.

Destacó además que “el primer recorte implicó la suspensión definitiva de 2 proyectos estratégicos: 2 líneas de trenes rápidos (México-Querétaro y Transpeninsular), ambos ya fueron cancelados”. Pero también afectará a Pemex y al gasto público, “evidentemente el impacto va mucho más allá de un corte de caja”.

“Va a haber sectores de la población que serán castigados, habrá reducción del gasto social, sobre todo. No se van a generar empleos y el desempleo que es muy alto seguirá incrementándose, porque al Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) se apega muy poco a la realidad, maneja niveles de 5% o 6% cuando esas cifras están entre un 15% y 20%”.

Serán los ciudadanos comunes y los más vulnerables quienes paguen la reducción de presupuesto, coincide Víctor Rodríguez Padilla, del área de posgrado de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “El efecto es muy fuerte, sobre todo en las finanzas públicas porque un tercio del ingreso depende del petróleo y ha disminuido prácticamente a la mitad. En educación pública, en salud, todo lo que es gasto público queda recortado porque dependen del ingreso petrolero”.

También Pemex saldrá perjudicada, alerta Rodríguez Padilla. “Hay una contracción muy fuerte de la actividad petrolera, sobre todo con los contratistas a quienes la empresa está dando poco trabajo. Hay alrededor de 15 mil despidos en el sector petrolero y en las próximas semanas y meses, en este año seguro, habrá un ajuste importante en la plantilla laboral”. Además, los fondos para exploración y refinación, mantenimiento de ductos así como diversos proyectos, han sido suspendidos.

La ex paraestatal enfrenta además su primera prueba de fuego post-reforma energética, que dispuso la apertura al capital extranjero en la extracción y producción de hidrocarburos. Después de 75 años de propiedad exclusiva de la Nación sobre petróleo, gas y electricidad, y en medio de la caída internacional del precio del petróleo, México encara justamente ahora la primera ronda para negociar el ingreso de capitales extranjeros.

“Lo está haciendo en el peor de los momentos, tendría que esperar uno o dos años para mejorar la negociación. La ronda incluye a más de cien bloques para aguas someras, profundas y todo tipo de yacimientos. Una apertura tan vasta en un momento tan desfavorable, lo único que conlleva es algo así como una venta de garage”, indica el académico de la UNAM.

Problema de fondo

“Esta crisis revela que México tiene un problema muy fuerte de ingresos fiscales. En América Latina es el país que menos recauda respecto al Producto Interno Bruto. Los principales beneficiarios de la renta petrolera han sido los grandes empresarios, porque no se les cobra impuestos, no están acostumbrados a pagar. Las finanzas públicas están asumiendo el impacto”, indica Rodríguez Padilla. Y explica que así el Estado se sustenta sobre la producción de hidrocarburos trasladando gran parte de la carga a los consumidores, quienes aun viviendo en un país petrolero pagan 90 centavos de dólar por litro tipo Magna y 96 centavos en Premium.

Ahora, agrega Rodríguez Padilla, “el gobierno mexicano tendría que copiar a otros países como Ecuador y los de Oriente Medio para tratar de equilibrar el mercado. No lo está haciendo porque el modelo energético que sigue es el de Estados Unidos. La visión mexicana ahora es completamente estadounidense”.

Los expertos consultados por EL TELÉGRAFO consideran que la gravedad de la crisis radica en la asociación de la baja en precios internacionales con factores internos de la actual coyuntura mexicana.

Para Rodríguez Padilla, esta “no es una crisis enorme. Es de mediana importancia, porque la economía mexicana que se ha diversificado mucho y el petróleo representa un 6% del PIB. Donde sí pega fuerte es en las finanzas públicas, pero hay problemas más grandes como seguridad, narcotráfico, pobreza, falta de una reforma fiscal para redistribución del ingreso”.

Osorio agrega la importancia del factor político. “La pérdida de equilibrio en la economía mexicana realmente está relacionada con una crisis de carácter político. Sobre todo los problemas de la desaparición de normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, conmocionó al país y lo expuso internacionalmente como prácticamente no había ocurrido. Por otro lado no se controla la violencia y ha ocasionado una pérdida de confianza. Estamos esperando que en las elecciones de junio (provinciales y parlamentarias) haya una abstención muy alta, posiblemente superior al 60%”.

Ante el panorama actual y las políticas elegidas, analistas y prensa especializada concuerdan en que se ve lejano –o hasta imposible- que este gobierno nacional logre cumplir con una de sus principales promesas: un crecimiento del 5%.