El oscuro homicidio de un líder de grupos de autodefensa del conflictivo estado de Guerrero (sur) ha vuelto a sacudir a México y dejó perplejos a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en cuya búsqueda había colaborado el jefe comunitario asesinado.

En momentos en que México todavía seguía impactado por otro atroz crimen múltiple, el homicidio de un fotoperiodista, una activista y otras tres mujeres en un apartamento de Ciudad de México, fue encontrado el cadáver acribillado de Miguel Ángel Jiménez dentro de su taxi el pasado sábado.

El taxi, con el que Jiménez trabajaba para completar sus ingresos, se encontraba sobre la carretera que conecta a Ciudad de México con el turístico puerto de Acapulco, muy cerca de la comunidad de Xaltianguis, donde en 2013 fundó con otros vecinos un grupo armado de autodefensa para enfrentar el acoso del narcotráfico.

Jiménez se hizo conocido a nivel nacional por su decidida participación en la búsqueda de los 43 estudiantes de la comunidad de Ayotzinapa, que desaparecieron en septiembre pasado, tras ser atacados por policías corruptos de la cercana ciudad de Iguala, también en Guerrero.

Las autoridades concluyeron que los jóvenes acabaron siendo asesinados e incinerados por narcotraficantes, pero sus familias -auxiliados por el grupo de Jiménez y otros- los han seguido buscando por las tupidas y agrestes montañas que rodean a Iguala.

"Haber asesinado así a alguien que ayuda a la gente es para nosotros muy sorprendente", dijo este lunes Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 estudiantes, a la AFP vía telefónica.

Como mucha gente de esa región, Jiménez fue "uno de los que entregaron parte de su tiempo para encontrar a los jóvenes", recordó.

  Activistas en riesgo

El asesinato de Jiménez, del que se desconocen los motivos, ha vuelto a poner sobre la mesa la vulnerabilidad que sufren los activistas en muchas regiones de México, donde son blanco de amenazas, agresiones, secuestros y hasta asesinatos que suelen quedar impunes.

Entre las cuatro mujeres asesinadas el 31 de julio junto al fotoreportero Rubén Espinosa en Ciudad de México también estaba la activista de causas sociales y promotora cultural Nadia Vera.

Si Jiménez fue asesinado por su activismo en el caso de los 43 estudiantes "es muy lamentable", comentó Mario César González, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, al asegurar que este crimen "no intimida en nada" a su movimiento.

"Si quieren empezar a matar gente y padres de familia, pues ni modo, en esas condiciones estamos (...) Siempre nos están matando a la gente que lucha, que levanta la voz", denunció.

A un mes y medio de que se cumpla el primer aniversario de las desapariciones de Ayotzinapa, los padres de los estudiantes siguen convocando a protestas para exigir al gobierno que los encuentre con vida.

La fiscalía, aunque sólo ha podido encontrar e identificar los restos de uno de los jóvenes, sostiene que todos ellos fueron masacrados por sicarios del cártel Guerreros Unidos que, supuestamente, pensaban que entre los estudiantes había miembros de un grupo rival.

 Un polvorín entre comunitarios

En Guerrero, un estado con fuerte presencia de comunidades indígenas que se rigen por sus usos y costumbres, las autodefensas o policías comunitarias son legales.

El grupo autodefensa de Jiménez pertenece a una organización llamada Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

En septiembre del año pasado, el activista denunció que había recibido amenazas de un grupo antagónico al suyo, el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), al que acusa de estar infiltrado por el crimen organizado.

Aunque las autoridades aún no han determinado el móvil del homicidio, se debe tener en cuenta que "el problema que tiene actualmente la UPOEG con la FUSDEG ha cobrado la vida de muchas personas", indicó bajo el anonimato un defensor de los derechos humanos de Guerrero.

En junio pasado, en plena víspera de las elecciones de alcaldes y gobernador de Guerrero, al menos una docena de miembros de la FUSDEG murieron tras un ataque armado por parte de un grupo rival en el poblado de Xolapa.

Guerrero, uno de los estados más empobrecidos del país, es territorio clave para el cultivo de marihuana y amapola, por lo que varios grupos del crimen organizado -coludidos en ocasiones con las autoridades locales- se disputan su territorio. (I)