Padres de los 43 estudiantes presumiblemente masacrados en México aseguraron este domingo que sus reclamos de justicia no disminuirán durante los días festivos, al anunciar una nueva manifestación en la capital del país para el 26 de diciembre, cuando se cumplirán tres meses del crimen.

El gobierno "ha pretendido que se enfríe el tema, pero nosotros no estamos con esa idea, al contrario, nuestro ánimo está vigente y seguimos insistiendo que se haga justicia", dijo Melitón Ortega, padre de uno de los estudiantes, al participar en Chiapas (sureste) de la conmemoración de una matanza de indígenas ocurrida en 1997 en la comunidad de Acteal.

Para los padres de los estudiantes, desaparecidos la noche de 26 de septiembre en el vecino estado de Guerrero, "no hay vacaciones, no hay Navidad ni Año Nuevo, estos días son de lucha", añadió, al denunciar que su movimiento recibe amenazas por parte de los gobiernos federal y estatal.

Así, el próximo 26 de diciembre se llevará a cabo una marcha en Ciudad de México, dijo José Félix Rosas, coordinador del Movimiento Popular de Guerrero, que aglutina a organizaciones sociales y es solidario con la causa de los estudiantes.

El crimen de los jóvenes, perpetrado por policías y sicarios en la ciudad de Iguala (Guerrero), desató una indignación nacional sin precedentes y multitudinarias protestas -en ocasiones violentas- que han dejado al presidente Enrique Peña Nieto inmerso en la peor crisis de su presidencia (2012-2018).

La Fiscalía cree que los 43 jóvenes fueron asesinados e incinerados por narcotraficantes, posiblemente bajo órdenes del alcalde de Iguala, aunque por el momento sólo se han identificado los restos de uno de ellos.

La tragedia de Acteal, en la que un grupo de hombres armados asesinó en diciembre de 1997 a 45 indígenas tzotziles, la mayoría mujeres y niños, "es parecida a la nuestra, no tiene diferencias porque es el mismo Estado mexicano el que cometió el asesinato", comentó Ortega.

Los asesinados en Acteal eran integrantes de la organización civil "Las Abejas", que nació en 1992 con el objetivo de resolver de manera pacífica los conflictos locales y proteger los derechos de las comunidades indígenas, con gran presencia en Chiapas.

La guerrilla Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) asegura que las víctimas eran simpatizantes de su movimiento y que quienes perpetraron el ataque habían sido armados por el Estado de forma secreta.

Oaxaca y Chiapas, dos de los estados más pobres del país y con histórica presencia de grupos guerrilleros, se encuentran cerca de la frontera con Guatemala y son claves en la producción y trasiego de droga.