Los padres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos y posiblemente masacrados en Guerrero (sur) retomaron el martes el diálogo con el gobierno bajo la exigencia de que se investigue la participación del Ejército en la desaparición sus hijos, una acusación que las autoridades niegan.

No se trata de "un capricho", "hay elementos dentro del expediente, en la indagatoria, de la cual resulta indispensable, una obligación constitucional y legal" abrir una línea de investigación que conduzca a los militares, dijo a la prensa Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, al término de la reunión de cuatro horas.

Rosales explicó que hay declaraciones de al menos 10 estudiantes, así como de varios policías y de integrantes del cartel de Guerreros Unidos, que implican a militares en la trágica noche del 26 de septiembre pasado en la ciudad de Iguala, en la que los jóvenes fueron brutalmente atacados por policías municipales junto con narcos y luego desaparecieron.

Incluso hay testimonios de "las propias personas del cartel de Guerrero Unidos que implican al Ejército, que dicen que había conocimiento previo y de colaboración del Ejército" para desaparecer a los estudiantes, añadió el abogado.

Sin embargo, la Procuraduría negó esta acusación basándose en los testimonios del caso -recabados entre 385 personas, 36 de las cuales militares- y se rehúsa a abrir una investigación específica al respecto.

"De ninguna declaración que se ha obtenido en la procuraduría se desprende que elementos del Ejército o algún cuerpo de seguridad del gobierno federal haya tenido participación alguna en la desaparición de los estudiantes", zanjó Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía, en una comparecencia sin preguntas.

Según Diario El Universal, la Procuraduría anunció que los padres podrán ingresar a los cuarteles, pero "de forma ordenada y con respeto a nuestras instituciones".

Imputan a exalcalde

Zerón detalló que se giró una nueva orden de aprehensión contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, por "el secuestro de los 43 normalistas".

Abarca ingresó a prisión en noviembre acusado de delincuencia organizada, así como de secuestro y homicidio calificado por un caso anterior al de los jóvenes, pero no tenía cargos directos por el caso de los estudiantes.

La presunta masacre de los jóvenes, que estremeció a la sociedad mexicana, ha provocado la peor crisis del gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto.