Migrantes económicos y refugiados por la violencia se enfrentan a constantes violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas. Y, a menudo, se ven abocados a un limbo al disponer de un visado humanitario que les impide trabajar legalmente.

Manuel tiene 22 años y es originario de Honduras. En entrevista con EFE, cuenta que cruzó en una balsa el río que separa Guatemala y México el año pasado, huyendo de amenazas de las maras.

Poco después, este empleado de un ministerio público comenzó su trámite para ser reconocido como refugiado en México y le pidieron pruebas concretas, como una denuncia o testigos directos. “Pude comprobar algunos hechos, pero siempre me negaban el refugio”.

Le dijeron que su caso no era consistente y que la prioridad era para solicitantes de El Salvador.

La presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), Marta Sánchez, denuncia que México no está preparado para otorgar asilo a las víctimas de amenazas y violencia.

“México tiene un serio problema con el asilo porque no está identificando bien a la gente que lo necesita y está deportando gente a la que matan al regresar”.

Al no haber protocolos ni una adecuada gestión de las solicitudes de refugio, las autoridades mexicanas han optado por rechazar la mayor cantidad de peticiones, afirma Sánchez.

De acuerdo con información de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en 2017 se recibieron 14.596 solicitudes de reconocimiento a la condición de refugiado, estatus que permite a las personas trabajar.

De esas, 1.907 fueron aceptadas y 1.650 rechazadas. Siguen en trámite 7.719. Y las 3.320 restantes fueron abandonadas o canceladas por los solicitantes de asilo.

“Hay mucha gente desesperada porque la van a regresar. Los trámites tardan muchísimo, les exigen demasiadas cosas. Muchos abandonan su trámite, siguen su camino y se esconden”.

Principalmente en Honduras y El Salvador, muchas personas huyen de la trata, de la violencia y de intentos de extorsión. Pero las autoridades mexicanas, dice Sánchez, no creen en la gravedad de estos casos.

A Manuel le dieron la negativa final a su solicitud de asilo después de algunos meses. “Me dijeron que podía buscar otros recursos y que podía pedir un visado humanitario, que es lo que pude conseguir”.

El visado humanitario tiene una duración de un año, pero no incluye un permiso para trabajar legalmente, lo que deja a los que la reciben en un limbo económico.

Además, a pesar de que ya había obtenido el permiso de quedarse en el país, la Policía detuvo a Manuel y después de un mes lo entregó al Instituto Nacional de Migración (INM), donde estuvo preso 22 días. A su salida, Manuel se mudó a la Ciudad de México y consiguió un empleo como guardia de seguridad, sin derechos laborales.

Ahora vive en el albergue Casa Tochán, donde comparte techo y comida con otra veintena de migrantes. También reciben asistencia médica y tienen un espacio para elaborar manualidades que luego venden.

“Me quisiera quedar aquí en México. A uno le ha costado llegar aquí y si uno cruza a Estados Unidos, tarde o temprano lo van a deportar”. Sánchez confirma que está aumentando el número de migrantes que eligen México como destino final.

Por ello, la presidenta del MMM reclama al Gobierno mexicano que al deportar migrantes no está cumpliendo ni con los tratados firmados en materia de derechos humanos ni con la Constitución.

“Tengo casos de menores que los apresan y los regresan y eso está prohibido en todas las leyes”.

Un informe de Amnistía Internacional (AI) también concluyó que México incumple “de manera habitual” su obligación de acoger a aquellas personas que necesitan protección internacional.

Determinó que el 75% de las personas detenidas por el INM no recibieron información sobre su derecho a solicitar asilo, “a pesar de que la legislación mexicana dispone expresamente que se haga”.

AI recordó que los migrantes de los países del denominado Triángulo Norte de Centroamérica -Guatemala, El Salvador y Honduras- siguen sufriendo una situación de “violencia generalizada”. (I)

Las cifras  
Deportaciones
México continúa a la cabeza como el país de donde más hondureños son deportados con 26.991 personas, mientras que Estados Unidos registró la deportación de 20.841 migrantes, según datos del país centroamericano.

65 migrantes centroamericanos fueron hallados ayer en el norte de México escondidos en un autobús.

Escondidos
El  26 de enero, las autoridades mexicanas encontraron a otros 109 migrantes centroamericanos dentro de un camión con signos de deshidratación y asfixia en el norteño estado de Tamaulipas.

Los migrantes piden apoyo al Gobierno mexicano
Decenas de migrantes en Estados Unidos analizaron el pasado fin de semana, los retos que enfrentan, a un año del inicio de la gestión del presidente Donald Trump, con llamados al Gobierno y la sociedad mexicana para que los apoyen ante el endurecimiento de las políticas migratorias.

El séptimo Foro Agenda Migrante, coordinado por la especialista Eunice Rendón y el excanciller mexicano, Jorge Castañeda, se realizó en el centro comunitario Magnolia de Los Ángeles, con la presencia de organizaciones de migrantes y de los jóvenes indocumentados traídos a este país de niños, llamados “dreamers”.

Los asistentes expresaron su preocupación por el aumento de los arrestos y la persecución de migrantes como parte de las políticas del gobierno de Trump.

Los migrantes se quejaron de que la precampaña política hacia las elecciones del 1 de julio en México poco aborda el tema migratorio y es escasa la consideración que se les da en las plataformas. También dijeron que no se sienten “ni de aquí, ni de allá” por la falta de políticas en México para ellos.

En las conclusiones, Castañeda y Rendón exhortaron a mantener los apoyos a la comunidad mexicana migrante, sobre todo en el ramo legal porque solo el 40% de los detenidos cuenta con asesoría legal. (I)