El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH, ombudsman), Luis Raúl González, investiga al Ejército por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos y probablemente masacrados en septiembre en Guerrero, sur de México.

"Hemos solicitado información a la secretaría de la Defensa Nacional. Estamos integrando el expediente para conocer todo lo que se desprenda por acción u omisión", dijo el ombudsman el domingo a la prensa después de reunirse con los padres de los jóvenes desaparecidos en su escuela rural de Aytozitnapa (Tixtla, Guerrero) en la que se preparaban para ser maestros.

La averiguación sobre la actuación de los militares de esa zona, añadió González, se emprende por "legítima exigencia de los padres" de los jóvenes de los que no se ha vuelto a saber nada desde la noche del 26 de septiembre, después de ser baleados por sicarios y policías corruptos locales en la comunidad de Iguala.

La CNDH prepara además una recomendación -sin carácter vinculante- al presidente Enrique Peña Nieto, también a petición de los padres, que han exigido a las autoridades encontrar a sus hijos con marchas multitudinarias y diversos tipos de protestas en Guerrero, la capital mexicana y otros puntos del país.  

"No le toca a la CNDH investigar los delitos, pero sí la violación a los derechos humanos" cometidas por los militares, prosiguió el ombudsman, que asumió su cargo el mes pasado.

La Fiscalía general ha dicho que los militares de la zona no intervinieron en la balacera porque no recibieron órdenes para hacerlo.

Sin embargo, estudiantes que sobrevivieron al ataque, en el que murieron seis personas, sostienen que vieron la noche del 26 de septiembre a militares y policías federales, algo que ha negado reiteradamente el gobierno federal.

Al cumplirse tres meses del ataque, el viernes pasado, padres de los desaparecidos dijeron en un mitin en Ciudad de México que sospechan que sus hijos están vivos en algún cuartel del Ejército.

Hasta ahora, la investigación de la Fiscalía, basada en declaraciones de sicarios detenidos, apunta a que inmediatamente después de la balacera los 43 estudiantes fueron capturados por policías municipales y entregados al cartel local de drogas Guerreros Unidos, que a su vez los asesinó e incineró sus cuerpos.

Hasta el momento sólo los restos de uno de ellos han sido identificados.